El Informe 1992 de la Bolsa de Valores de Quito afirmaba que el mercado accionario había continuado deprimido a causa de la cultura empresarial, estructura familiar de las empresas, marco institucional de escaso desarrollo, etc. El volumen promedio mensual de operaciones en acciones había estado alrededor de los 42 millones, y su proporción con respecto al total no había alcanzado ni el 1%. A la par comparaba las operaciones del sector privado y público y establecía que el primero arribaba al 34.7%, mientras que el sector público rebasaba el 65%.
La inversión institucional descrita en el informe sorprende por la elevada participación del IESS que en algunos meses constituye el 80% del movimiento de la Bolsa, como sucedió en julio del 92. En otros períodos, su reducción ha puesto en peligro la positiva continuidad de la actividad bursátil, debido a la pobre participación porcentual del sector privado. Esto explica la pretendida exigencia al IESS para que de sus inversiones el 50% las realice en la Bolsa.
De entre las funciones del mercado de valores, a mas de intercambiar posesiones de un activo a otro, la mas importante radica en proporcionar dinero a las empresas, en particular a aquellas que tienen el control de la Bolsa y que en rigor conforman los negocios de la intermediación financiera.
La inevitable especulación bursátil es también un mecanismo de enriquecimiento o ruina, juego de aparente ruleta con la oscilación efectiva o imaginaria de los precios respecto al incremento o reducción de la producción, lo que se refleja en las variaciones de los dividendos, la cotización de acciones, el traspaso de recursos de unos a otros.
El temor del sector privado (ese problema cultural que destacan los directivos de la Bolsa) conduce a su magra participación en el mercado de valores, mientras que el sector público ha vivificado ese espacio sobre lo que pretende imponerle la Ley aprobada por el Congreso o se ha retraído mas de lo que la vida de ese susceptible mercado lo permite. La empresa privada sola, sin el sector público, todavía no está en condiciones de andar por los paradisíacos antros de la Bolsa, porque a mas del subdesarrollo del que sufre aún no está dispuesta al drama final que significaría la desprotección absoluta del capital público o estatal que hoy, el frente económico, en una desmesura extremista, pretende rematar como patrimonio excedente.
En enero 21, el Presidente de la Junta Monetaria reveló que no se tocarán los fondos de reserva ni al IESS en lo mas mínimo. De inmediato reaccionó la Asociación de intermediarias financieras reclamando que para que exista un mercado de valores tiene que haber inversionistas institucionales. Estas intermediarias sabían lo que el frente económico en ese momento olvidaba: sin los recursos públicos, el mercado de valores ingresaría en coma.
En los primeros días del mes de mayo, el Presidente de la Junta Monetaria sin recordar lo que había dicho meses antes elogió la obligación de invertir en la Bolsa de Valores. Mas ilusiones repletaron el camino de la política económica elegida. El reconocimiento tardío del mercado de valores hace de la lucrocracia un principio, en cuyo nombre todo vale, incluso la desprestigiada inflación garantizada mediante la indexación del capital. Si existía oposición a la indexación de sueldos y salarios -eso significaba incremento de precios vía costos-, la indexación del capital debió haber enfrentado mayor e irreductible resistencia.
La Bolsa de Valores vista por el frente económico parecería ser de papel por la fiduciaria ideología que la ampara. Arribar a la bolsa electrónica exige ideas mas allá de la inmediatez neoliberal.