A propósito de los informes del BID, Carlos Marichal afirmaba (Martes Económico, 4/5/94) que podría creerse que el tema de la deuda latinoamericana ha sido poco menos que superada, la realidad dista mucho de la apariencia (…) La pregunta que cabe es cuándo estallará la próxima crisis (…) Ello se debe fundamentalmente al aumento de la deuda externa privada de numerosos países y a la creciente inestabilidad de los mercados financieros.
Días antes se informó de un pronunciamiento del Secretario de Hacienda de los EE.UU, Lloyd Bentsen, según el cual la administración Clinton procurará el acuerdo de sus socios de países industrializados para reducir de dos terceras partes a un 80% la deuda de algunos de los países en desarrollo mas pobres (Joh Schaffer, Meridiano 3/29/94).
El 22 de abril, J.L. Turnes de la firma norteamericana Smith Barney Shearson informaba (El Comercio) que el acuerdo del gobierno ecuatoriano con la banca comercial acreedora significaría una reducción de un 45% del capital adeudado y un desembolso inicial de 670 millones de dólares. Explicó que de los 670 millones de dólares, 300 millones sería el costo directo para el Estado ecuatoriano, que provendría de la Reserva Monetaria Internacional. La deuda sería reestructurada a 30 años plazo y la carga financiera anual sería de un 2%, explicó Turnes.
Dos semanas mas tarde, en los primeros días de mayo, el Presidente del Ecuador testimoniaba parcialmente lo mismo, sin precisar la naturaleza ni intereses ni monto total a pagarse en el nuevo plazo. La deuda había sido recalculada. Este cálculo resulta mas difícil que antes, implica instrumentos financieros nuevos, móviles y volátiles. La disminución del capital no se tradujo en reducción del monto adeudado. La capitalización real de los intereses mas el costo real del servicio de la deuda constituyen una magnitud superior a la precedente, aunque distribuida en un período mayor: el 45% menos, en realidad solo es el 20% de la deuda global y en 30 años el pago será superior a ese 45% con el que se simuló reducir el capital.
La gracia de 10 años parece gracia política, porque el hegemónico grupo financiero en el poder considera que su desgaste no llegará antes de una década. Después sí, la debacle.
Ahora vendrán tempestades de dólares, nos dicen. Todo estuvo precedido de la Carta de Intención.
A Michel Camdessus, gerente del FMI, el Presidente Sixto Durán Ballén le ofreció en la Carta de Intención lo que el FMI había pedido prometer: inflación 20%, en 1994 y 15%, en 1995. Aumento de la Reserva Monetaria Internacional (equivalente a 4.3 meses). Crecimiento del PIB 3%, en 1994 y 4%, en 1995. Crédito Stand By de 130 millones de DEGS (160 millones de dólares), hasta marzo. Combustibles en 0.5% del PIB, en 1994. Ingresos adicionales del 0.3% del PIB, en 1994 por mejoramiento de administración tributaria. Incremento de ingresos, en 0.3% del PIB por aumento de tarifas telefónicas. Reducción del gasto corriente en 0.7%, en 1994.. Privatización y desinversión de acciones de empresas del Estado. Inversiones petroleras por 150 millones de dólares, en 1994. Fortalecimiento financiero al IESS.
No obstante, parece que todas estas obligaciones no pueden alcanzarse. Por lo pronto, la inflación oficial ha crecido por sobre el 40%, las tasas de interés reales desbordan la tasa inflacionaria, el crecimiento del PIB no es nada esperanzador y a duras penas circunda el 2%. Solo es verdad el alza de los precios de combustibles, el aumento de tarifas telefónicas, la reducción del gasto de inversión social, los procesos de desinversión de acciones del Estado, el encarecimiento de los servicios del IESS.
Al concluir la década de gracia comenzará otra renegociación y nadie recordará esta ensoñación financiera del «conveniente arreglo» de la «deuda manejable». Para entonces el FMI tendrá que ayudarnos otra vez.