Una Constitución es la expresión jurídica mas general de los intereses que rigen e integran una o varias naciones y corresponde a determinadas épocas de desarrollo de la sociedad. Ella establece las bases del régimen político y económico, norma el estatuto de las personas, organiza el Estado y reconoce los principios que conforman su horizonte.
En Ecuador, a partir de 1972, se inició el movimiento de reorganización de relaciones sociales: el petróleo había aflorado y la banca internacional ofertaba empréstitos, seguros, dinero de todo color. El Estado y el sector privado se convirtieron en sujetos de crédito, recibían papeles de variados quilates. El petróleo significaba capitalización.
Técnicos, doctrinarios, políticos y empresarios demostraban que el Estado debía comprar y crecer. Pagar no era problema. Se pagó la deuda inglesa. Terratenientes y agro-exportadores asimilaban la lección de la solución militar que superaba el límite del velasquismo. El pueblo contemplaba.
La integración en el Ecuador y en América Latina había pasado de las declaraciones a intentos que reclamaban mayor presencia del Estado. El poder sintió que estaba llamado a engendrar su sucesor, que esta vez nacería financista en cuna de palacio, rico y especulador, proteccionista e intervencionista, amoral, fiador de terratenientes y agro-exportadores envejecidos por el avance tecnológico y las renovadas funciones del Estado.
Los partidos políticos que habían existido hasta ese momento, ante la agonía del derruido poder y el surgimiento del nuevo, sintieron que habían caducado. Todo se renovaría. La reestructuración jurídica del Estado se plasmó en la Constitución del 78 y legitimó las transformaciones.
Hoy, 1994, las alternativas de entonces y de hace un lustro ya no son esas. Una solitaria economía mundial ha cuestionado y cuestiona las formas de existencia humana. Concepciones y antagonismos han sido desplazados o han desaparecido y son substituidos por otros. La economía no será nunca mas nacional. Lo que se denomina nacional es solo una fase de la economía mundial.
El Estado resultó estrecho para los cambios del mundo; su representatividad, insuficiente; sus funciones, moribundas.
El petróleo denota ahora descapitalización, ya no hay expectativa de industrialización únicamente la de la venta del crudo, lo que entraña enriquecimiento de unos pocos y millares de miserables más.
La nueva Constitución será aquella que adecue la normatividad jurídica a las condiciones del presente. Aquella que eleve la representatividad social, redefina y armonice las funciones del moderno Estado, viabilice relaciones de la economía nacional con la mundial e integre los diversos intereses de la nación en una democracia que ya no se reduce al gobierno de las mayorías sino que progresa en el respeto a las minorías, al derecho consensual, la aceptación de los factores reales que cualifican la nación y la génesis de grandes continentes que resuelvan y permitan abordar la inserción del país en el reciente curso global.
Ahora es insustituible el consenso (en otros momentos lo podría haber sido la guerra), porque nos enfrentamos como nación a la violencia de la inexorable economía mundial, a cambios en el Derecho -desde el territorial hasta el de las personas (incluso los atributos sociales del individuo han cambiado), nos enfrentamos al otoño profundo en las ideologías, a mutaciones abismales en la política, en los proyectos militares, en la misma concepción del ser humano-.
Ante esto se debe promulgar otra Constitución que advierta lo que el presente ha negado de la anterior, constitución creadora de un escenario político que fecunde una conciencia nueva, dote al Ecuador de un instrumento de desarrollo para que el Estado sea eso: una fuerza motriz para salir del atraso.
La mas grande tarea de la Constitución sería justamente devolver al pueblo la política.
El pueblo contempla.