Cuando la aristocracia europea intentaba reconquistar la Francia perdida en 1789, los desaforados jacobinos crearon el Comité de Salud Pública que instauró el terror, arma de defensa de la revolución, criatura que acababa de dar a luz la humanidad.
En ese pesebre político que fue el París de la Bastilla -de aquella que ya no encarcela sino que presta su nombre a la fuerza y el espíritu que los seres humanos imaginan y regalan a otros para seguir adelante- la sangre derramada no era la de la decadencia.
El fin de épocas y dogmas convierte los esfuerzos por seguir en crímenes injustificables de lesa humanidad, agazapados en los escombros del andamiaje social que se pretende proteger.
El año 1988 fue el último de las ideologías de la guerra fría. Y acá, en la parte atrasada del mundo occidental se desataba un tardío y alucinado conflicto entre el ser o no ser de una política de espaldas al rumor que advertía de la rotura del tablado en el que actuaban las ideas de los hijos de la guerra fría, en sus variantes y versiones.
El crimen contra los hermanos Restrepo no fue responsabilidad exclusiva de la actitud delictiva individual, sino que cumplió la política de terror, esta vez no la del terror jacobino, sino la del decadente e inconsciente fin.
El Derecho Penal no brota solo de factores objetivos, sino esencialmente de condiciones ideológicas. De ellas se desprenden los desequilibrios de la represión en la cual se evidencian los atrasos en la comprensión de todas las cosas.
La valerosa sentencia del Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Francisco Acosta Yépez, a pesar de limitarse a condenar conductas individuales, deja un ancho espacio para el llamado de atención a Instituciones y política que las condujera.
Un organismo armado tiene que ser llevado con matices de extraordinario temple moral, técnico y político. Cuando falla algún aspecto, se convierte en un instrumento de la arbitrariedad del poder. Por esto, la dimensión humana de quienes administran el Estado debe alcanzar los niveles más altos, ajenos a la crueldad y a las tinieblas del miedo.
Los derechos humanos van mas allá de reivindicaciones de perjudicados frente al Estado: pertenecen a los intereses fundamentales de la especie. Toda forma de terrorismo es execrable. El derecho a la vida está por sobre la razón de Estado, mas aún de su sinrazón. Una administración ligada a esos derechos engrandece todas sus manifestaciones y es garantía de la superación de un colectivo.
No solo la sentencia, antes ya la opinión del Ministro Fiscal General, Fernando Casares, calificado representante de la sociedad civil, permitía una exigente lectura jurídica y ética de la organización policial y un llamado a superar la política que la dirige.
El mayor y mas poderoso castigo para la ideología y políticas cuestionadas es la transformación definitiva del Estado y su Institución policial. Si no tendremos que seguir contemplando el miedo a la luz que exhibe toda mala conciencia: la penumbra que cubre la muerte innecesaria.
Así nadie podrá mimetizarse en la desmesura que hace la historia para impedir el fin del decadente terrorismo de Estado. No basta la cárcel. Hay que lograr la seguridad en la incansable búsqueda de confianza de la población en sus organizaciones.