El documento de cese al fuego es positivo. No concede. La concentración de tropas ecuatorianas en Coangos, en la cabecera del Cenepa, no es un retroceso. (De)muestra las posesiones que el Ecuador tiene -Tiwintza, Base Sur y Cueva de los Tayos- para reconocimiento internacional. Da testimonio implícito de reivindicaciones militares ecuatorianas y no del retiro que el Perú planteó inicialmente. Es la prueba de un momento de resistencia victoriosa ante la agresión.
Además, la evolución de este documento juega un papel político importante, no es solo resultante de un choque militar. En la perspectiva, desnuda la degradación de la política de Fujimori cuestionada todavía desde la misma óptica agresiva en el Perú.
El documento expone tímidamente el cambio que a los 53 años ha liberado la actitud de los garantes hacia el Ecuador. Ellos antes jamás admitieron una posición ecuatoriana. Asumieron siempre la postura del Perú. Esta vez, el texto del cese al fuego fue -en lo inmediato- mínimamente satisfactorio para ambas partes, lo cual es consecuencia no solo de las mutaciones de los garantes y las partes, sino de la profunda preocupación del Continente y de la advertencia implícita sobre los peligros ocultos en la escalada de la conflagración bélica.
El documento exhibe -sin nombrar- la inejecutabilidad y la existencia del diferendo territorial, más allá de la cuestión del tramo no demarcado. La declaración de que las posiciones militares en las que se concentran las Fuerzas Armadas de Ecuador o Perú no supone reconocimiento de soberanía sobre esos territorios denota la imposibilidad de llamar a ubicarse en la frontera de los dos Estados, porque no hay tal frontera. Por lo general, en este tipo de enfrentamientos los documentos de alto el fuego han llamado a las fuerzas a ubicarse en sus fronteras; este documento, al no convocar a los ejércitos a sus fronteras, reconoce tácitamente que ellas no existen. Por lo tanto las pretensiones territoriales -no negociadas- del Perú obedecen a su arbitrariedad. No solo el Perú se ve abocado a reconocer que hay un diferendo territorial, sino que los garantes están obligados a admitirlo.
De parte del Perú, el cese al fuego puede esconder a más del fracaso de la política-Fujimori, la búsqueda de tiempo para reagrupar y azuzar fuerzas de todo orden y lanzarlas a conquistar algo. Las condiciones internas de esa nación, posteriores al cese al fuego, advierten de esta posibilidad.
No obstante, las interpretaciones del acuerdo de cese al fuego obligan a examinar tanto las potencialidades favorables, como las restricciones e insuficiencias políticas e ideológicas en Ecuador y Perú para el tratamiento del problema territorial. El cese al fuego es síntoma de consolidación de la más avanzada política ecuatoriana en su aspecto diplomático y militar. Las precipitadas lecturas de oposición al acuerdo deben volver a su lugar, el silencio. En el Perú, se advierte cierta conciencia cadavérica en su cúspide social, las declaraciones de Pérez de Cuéllar y de Alan García corresponden a posturas rígidas, antiecuatorianas, reducidas a exaltar la solución militar, alimentadas por un derruido romanticismo de guerra en el cual esta sumergida la élite peruana.
El cese al fuego es una decisión humanitaria para resistir y asumir el significado del enfrentamiento militar. Ecuador y Perú en pocas semanas de guerra total perderían 50 años económicos con la sola destrucción de la infratestructura básica de los dos países.
Algún día, el curso del cese al fuego no será premisa de nuevos enfrentamientos, sino posibilidad de establecer una frontera que la armonía y el desarrollo borrarán después.
Por ahora, a la sociedad ecuatoriana le queda el orgullo de saberse en un renovado estadio en la formación de su nación, la certeza de que ha crecido constituida por una voluntad de supervivencia definitiva.