Sobre el Ecuador se amontona toda la historia -no como pasado y presente-, únicamente como presente, tiempo sin ancestros, hecho de hoy y ahora: comunidad primitiva, esclavitud secreta, campesino siervo medieval, proletarios de los siglos XVIII y XIX, obreros ‘aristocráticos’, millones de marginados sin patrón, hacendados, amos empleadores, poderosos managers, banca de usureros y de dinero electrónico, señales de humo e Internet.
Todos los tiempos. Y en el espesor de éstos, hacinados en el presente, se asienta el carácter viable o no de una avanzada comprensión, contradicción y beligerancia.
En este escenario se ha planteado la Asamblea Constituyente, formulación nacida del fondo del movimiento social. Y allí mismo, hoy, ha sido proclamada, en muchos sentidos, desde la resistencia del poder. Por esto cabe la interrogante ¿de qué ideas e intereses estará constituida?
Se necesita un nuevo Estado para este emergente momento, arquetipo de la sociedad, porque el actual ha caducado, siendo arma e instrumento exclusivo del poder.
Cambiar el tipo de Estado sería un renacimiento en nuestra historia. Este se configuraría en instrumento de la nación para rehacer la política, factor de desarrollo, condición de producción, de ciencia y tecnología, y sobre estas bases (aún propósitos) impulsar la democracia, las reformas jurídicas y los nuevos derechos -individuales y colectivos-, políticos, étnicos, culturales y que parcialmente se destacan en la Declaración Universal de Derechos Humanos.
El derecho al desarrollo supone que la economía será objeto de normatividad superior, cuna de individuos caros, es decir, sanos, capaces de producir, responsables de la ruptura y ética históricas (no más la mano del subdesarrollo también llamada «de obra barata»).
La economía debe dar paso a un Estado en proceso de vinculación con la economía mundial. Las virtudes de la estatización ya no son motrices del progreso, exhiben descomposición. La ‘acumulación’ de fuerzas productivas en el Estado ha concluido. Pero, aún se encuentra el manejo de un sector especulativo que hizo de él su fuente de enriquecimiento y, a veces, se camufla en la inercia de algunas ideas fijas «laborales».
Los recursos estratégicos protegidos mediante el control estatal, no mediante su propiedad, han ido siendo transferidos a manos privadas. La utilización técnica de ellos y su operación hoy será más observada. Lo importante radica en el carácter fiscalizador y controlador de su explotación, función esencial del nuevo Estado. Ha finalizado la invisible apropiación real, exaltada en nombre de la propiedad estatal.
El Estado tiene que ser desprivatizado. La administración en estas circunstancias crea y amplía la confianza en la inevitable privatización de las empresas estatales de acuerdo a las demandas sociales y al desarrollo. Instituciones como la Junta Monetaria, el Banco Central, las Superintendencias y los organismos de control no deben estar sujetos a la empresa privada, sino a la conducción técnica.
Los intereses de corto plazo subordinados a los de mayor alcance minimizarán despilfarros y destrucción del medio ambiente y, a la par, cuidarán sistemas y equilibrios ecológicos, potenciales fuentes de acumulación e incremento de beneficios.
La Asamblea -según su pertenencia- al cambiar el orden jurídico tendrá que remozar su entorno y tomará en sus manos todos los poderes o tejerá el antifaz indispensable para la continuidad de lo mismo.
Se ha de rever la división política administrativa del territorio, pues la actual mengua la formación de la conciencia nacional y da lugar a un crecimiento cercenado, respecto del territorio nacional. Avanzar hacia una administración horizontal podría ser una solución.
La Constitución debe diferenciar el interés general de la población del de cámaras, sindicatos, asociaciones étnicas, y también de los partidos que dirijan esas agrupaciones. Diferenciar los grandes principios que conducen procesos tales como justicia, educación, economía, salud, investigación científica, transporte, artes de las reivindicaciones gremiales constituye tarea esencial. Y, a la par, las reivindicaciones de gremios laborales, empresariales, étnicos deben encontrar respuestas, pero no confundidas con los requerimientos del sector en el que participan.
La política de Estado no es pensamiento único, es el horizonte que organiza los pasos de todos, de sus pronunciamientos identificados en el fin. La producción, por primera vez, podrá ser referente principal de la política de Estado, eje de formulaciones semejantes. Las políticas de Estado encauzan grandes tareas: salir del subdesarrollo, tecnificar la economía, alcanzar el mayor ritmo posible de crecimiento, reducir el endeudamiento, incrementar la inversión productiva, nacional y extranjera, suprimir el desperdicio del quehacer estatal sin deteriorar ni conducir a la muerte al trabajador y servidor público, elaborar una política poblacional e incorporarla a la cultura, aminorar la población excedente respecto del mercado y la información.
La globalización no tiene como parámetros los confines relativos a la economía sino, y sobre todo, al tiempo histórico. No se puede pensar en la globalización viviendo un siglo atrás. Desde la obscuridad del abismo la redondez del planeta termina siendo un hueco.
El carácter soberano de la Asamblea exigiría que su fuente no sea el viejo orden político impugnado en la aprobación de la consulta. La Asamblea no debería ser una elección mas. La ciudadanía podría nominar y elegir a sus candidatos de manera directa. Cualquier ciudadano (sea o no militante de un partido) podría presentar su candidatura, de acuerdo al reglamento que se hubiese establecido y en condiciones de absoluta igualdad, sin sujeción a las discriminaciones establecidas en la Ley de Partidos y de Elecciones.
Todo esto conduciría al cambio del comportamiento y de las ideas que substituyan prejuicios, dogmas y vaciados conceptos.
La Asamblea debe dotar de credibilidad a sus palabras. Todo depende de su claro-obscuro: si pertenece a la nación o a la resistencia del poder que la conquista.