En un momento agotado de la sociedad, las ideas se destinan a creer antes que a conocer. El colectivo supone estar acosado por la maldad y no por su decadencia.
La ausencia de los dos únicos y potenciales adquirentes de EMETEL (de las dos empresas en venta) demuestra las serias dubitaciones que a nivel internacional se plantean sobre el carácter jurídico de esta administración del Estado.
El abandono de la subasta de EMETEL pone en evidencia un problema profundo: el quebrantamiento de la juridicidad en el país. Y lo que es más grave, el empeño de «los encargados del poder» en ocultarlo. Un golpe de estado disfrazado desalienta las inversiones extranjeras más que un abierto.
Los probables compradores de Andinatel y Pacifictel, si bien confiaban en el precio-ganga, en cambio no tenían certidumbre en la permanencia de la «legitimidad» del vendedor. A la inseguridad jurídica que secreta y exhibe el régimen, se añade la inconstitucionalidad que puede ser conocida. Aunque esto es importante, la tragedia mayor, independientemente del precio, radica en el vacío de una política económica que enmarque esa venta; y para colmo, esos recursos no tendrían destino ni protección que garanticen su sobreexistencia.
Los beneficiarios de febrero lo saben. Lo demuestra el triste espectáculo de autoridades y empleados obligados a pedir que se diga «creo en esta constitucionalidad». Las palabras pueden sonar de manera distinta dentro y fuera del país, pero los hechos, un gobierno de facto, por ejemplo, no. La naturaleza inconstitucional de una conducción estatal no puede ocultarse con solo promotores de magia rabulesca. La dificultad insalvable es la condición ilegítima de la dirección estatal, pues no ha contado con el pronunciamiento electoral ni con el amparo constitucional que dota de atribuciones, derechos, poderes y deberes al dignatario de una nación en la jefatura del Estado.
Por esto, es importante establecer que la modernización circunscrita (en particular, a las privatizaciones) debe tener menor prisa que el proceso de legitimación de los representantes de la nación y el Estado.
Hizo bien el señor Paz en preguntar durante la subasta si estaban en la sala los delegados plenipotenciarios de las firmas participantes. Y, también es probable que las empresas pregunten: ¿Quién cuenta con legitimidad suficiente para vender las empresas estatales que ofrecen? Pregunta que sin duda busca seguridad jurídica para la inversión. Entonces, el comprador calcula y prevé la reacción social que puede provocar su inversión bajo condiciones de ilegitimidad del vendedor. Este es el significado inefable de la desapariciónde los apostadores en la subasta de EMETEL.
Y, por supuesto, se puede atrapar «legitimidad» bajando el monto de la eventual puja en la otra subasta. Ese regalo vestido de venta, a cambio de la fe en la supuesta legitimidad de la autoridad, se podría intentar ante la imposibilidad de enajenar. Sería otra forma de usurpación de bienes que desgraciadamente aún pasa por modernización.
El mismo día que el CONAM creyó que podía vender EMETEL, el Congreso organizó una reforma triunfal para las compra-ventas del progreso. Con ese simplismo que profesa el poder, su Presidente se infló hasta sobrepasar sus poderes. Fue encumbrado por una extraña fuerza que inducía a la arrogancia y a la arbitrariedad desde donde su palabra sería el Derecho; su mando, las obligaciones; su voluntad, las atribuciones: «a usted señor diputado no le voy a dar la palabra si no se sienta», «a usted no alcanzo a verlo», «su voto no es necesario», «a usted no lo escucho», «usted primero retráctese porque ha afirmado que el Congreso es corrupto». De esta manera se inscribe la conjetura que reza: el Congreso es honorable y aquel que entienda lo contrario no está dentro de la fe democrática.
Los hechos impugnan los convencionalismos en las colectividades que declinan. Credos y asentimientos, tan requeridos y evidentes en las comunidades primitivas y medioevales, donde el culto a las apariencias alcanzó su cúspide cruel en la época de la Inquisición, y ha tocado fondo bufonesco en este Congreso cargado de pesadumbres, atraso, miembros instrumentalizados, números y fichas de un poder que les rebasa y al que ellos sirven de decorado para apetitos en boga. Este Congreso alcanzó a forjar el simulacro del marco jurídico de la modernización de manera «definitiva» de igual manera que hizo vitalicia la «despolitizada» CSJ. Así, el achacoso poder dilató y precipitó la inseguridad jurídica o la certeza de lo inconstitucional de todo lo actuado.
Pasarán las horas y el Presidente volverá a humanizarse, dejará de ser dios de la circunstancia, y ya nadie le pedirá la palabra.
Pero entonces, podrá sonreír con la absoluta satisfacción de haber dirigido exitosamente esa agonía, de que no todos (él sí) podrán sentir la maravilla de haber sido Júpiter un día que en su memoria vuelve eterno ese instante. Ya no le importará que nadie le crea que fue divino, él lo sabrá y eso será suficiente.
Al fin, la tozudez de los hechos se impone a las creencias.