Diez años de facilidad para uso de la base de Manta y el carácter vinculante del criterio del FMI acerca de la renegociación se conjugaron (y se camuflaron) en la declaración del Presidente Mahuad.
Esta acción económica precedida por un convenio que dilata la presencia militar norteamericana coincide con las aspiraciones de autoconservación del gobierno Mahuad.
El FMI sabe que la crisis ecuatoriana podría estallar. El derrumbe está en marcha -según la prensa latinoamericana- por la debilidad del gobierno, el deterioro de los ingresos de las exportaciones, el peso de la deuda agravado ante un acceso difícil al mercado de capitales, el declive de la economía nacional y las opiniones negativas en las calificadoras de riesgo a nivel internacional. Bajo estas circunstancias, es imposible cubrir el servicio de la deuda con los recursos del país.
Un colapso, producto de esa incapacidad podría generar un desastre en la relación con los deudores del mundo. Por lo tanto, la atención al problema ecuatoriano era ineludible.
Diario El Comercio (25-08-99, Sección B) publicó la siguiente nota: «según informaciones obtenidas por este diario, se sabe que el FMI le propuso al país ser mas agresivo en su estrategia para obtener un alivio de deuda».
Nuevamente seremos sujetos de crédito. Pero la capacidad de pago no provendrá del estímulo productivo, sino del cambio de régimen tributario. Régimen terriblemente doloroso, al que se sumará el factoring petrolero. Así, se consume no solamente el tiempo histórico de las generaciones vivas, sino también el de las futuras. El FMI a duras penas ha incluido frases sobre política social en sus discursos, pero es en nombre de esas frases que actúa el gobierno.
La reestructuración de los bonos Brady tiene formulaciones válidas. El valor nominal de los bonos debe cambiarse por su valor de mercado. Desgraciadamente, es solo la apariencia técnica y la coartada para disimular las determinaciones del proceso que enfrentamos. La omisión de esos intereses reduce la renegociación a la sola voluntad del FMI.
Esta renegociación carece de estrategia. No habrá reorientación de inversiones, la vieja política monetaria conducirá los capitales al mismo lugar. No hay política militar de paz correspondiente a este presente. Tampoco política social. Los «mandatarios» son imaginarios. El Estado mismo puede terminar siendo una organización imaginaria. Estamos dejando de ser en manos del vaivén de la fuerza, de las olas de otra historia.
En el reciente curso de la historia, la soberanía estatal pierde sentido, sobre todo en lo informativo, económico y militar. Parecería que esto ha llevado al gobierno a actuar de manera relativamente impune e irresponsable.
El Presidente de la República mantiene un protegido mutismo ante la entrega de la base de Manta. Atenta contra el derecho del pueblo a ser plenamente informado sobre el uso de su territorio por parte de la superpotencia, de fuerzas armadas extranjeras, de ejércitos moralistas.
La concesión está al margen de la preocupación gubernamental. El Congreso tampoco reacionará, como ya sucedió con su disposición mayoritaria, al aceptar el carácter vinculante de la resolución de los Garantes en la demarcación limítrofe con Perú.
Toda América presiente el uso militar de nuestro país para «pacificar» Colombia. El gobierno ecuatoriano es insensible, pasivo y sin estrategias de paz para esas circunstancias, pasivo en la tragedia económica, pasivo ante la catástrofe que nos amenaza.
El decadente poder quiere consolidarse por sobre cualquier cosa, por sobre cualquier interés y desde ahí ha encubierto (en espera de reciprocidad) esa «concesión».
Toda América, los ejércitos y naciones están crispados frente a la remota posibilidad de una guerra intervencionista. La participación desde Panamá hubiese cuestionado el funcionamiento del Canal. Desde Ecuador es más fácil. La vulnerabilidad de la economía ecuatoriana importa menos.