En Ecuador no hay política social, aún debe elaborarse. Su lugar ha sido ocupado por simuladas respuestas a colectivos de extrema pobreza e indigencia cuya única demanda es comer hoy. La real protección y asistencia que el Estado ha realizado es al sistema financiero y bancario que usurpó el ahorro nacional.
Hoy, en Ecuador todo es indigente, la mayoría de la población, los bancos y un amplísimo sector de la producción quebrado o inactivo.
El gobierno de Mahuad no tuvo idea de lo que era «eso», hasta el extremo que oficializó la mendicidad. El de Gustavo Noboa debería plantear una política social ligada a la política económica, pese a que tomó el mismo tren ya en marcha y se embarcó en la misma dirección.
La mayoría de la población carece de mañana. Le queda la búsqueda de migajas para sobrevivir y encomendarse a Dios, a algún santo o hechizo. La tragedia llega al colmo por la obsolescencia de todas las generaciones, en relación con el curso mundial, incluso de niños, desnutridos y sin educación. La responsabilidad recae sobre el poder que usurpó a la población la riqueza social y su tiempo histórico.
Esta política social es la mas barata del mundo, termina en limosnas monetarias, alimenticias, medicinales, morales y religiosas. Negocios con la miseria en este previsible cementerio de muertos andantes.
La mayor depauperización está entre los pueblos indios y negros, los trabajadores del campo y la ciudad, los hacinados de los suburbios y los desclasados por el empobrecimiento general.
Ante esta situación, la política social tendría como primera tarea la democratización, la ocupación, el empleo, la seguridad social y laboral, la salud, la educación. Esta complejidad jamás se resuelve con ese intento de control seudo consensual que denominan «mesas, sillas o talleres de concertación», que hoy se encubre en una política con nombre de ruleta, GANE.
Atender asignaciones inmediatas puede ser un reclamo de millones de indigentes, pero está lejos de constituir la aspiración básica y trascendente de una nación cuya existencia se vende en pedazos.
Si bien en algunos ministros del actual gobierno hay conciencia de los límites de su oferta, se considera que su «política social» obedece a la ausencia de recursos. A esa exterioridad, se añade la realidad, la naturaleza de los intereses que manejan el Estado que solo da paso a la lucrativa beneficencia.
La estructura económica aún no está dispuesta al crecimiento y la política social. Es un espacio consagrado a la especulación, a la estafa, al robo con o sin leyes. Es el reino de un aparato político cuya «obra mayor» -el único resultado de su administración y presencia- es esta contracción de la economía, la indigencia de la población, insolvencia de la banca, ineficiencia de las empresas, paupérrima condición espiritual estimulada por las ideas de este poder y su comunicación colectiva.
Al margen de los intereses de las grandes masas no hay prosperidad ni correlación satisfactoria entre el crecimiento económico y el de la población. El solo enriquecimiento de la élite económica y política no presupone el avance de las mayorías.
Las virtudes en el manejo de los mejores índices macros encubren profundas inequidades en sus consecuencias sociales.
El Estado ha reducido la política social, a la caridad rentable; a pesar de los «préstamos» para «política social» del BM, BID, FMI, maestros en ese quehacer, según dicen.
Solo la economía que se expresa como social es sana. La que alcanza «logros» fuera de la población es una impostura. Una política económica sin contraparte social convierte en marginal a la población. La política para el desarrollo supone la unidad de la económica y la social.
Mil programas sociales no sirven de nada si están fuera de la política económica. Por eso la lógica popular impugna la política que únicamente ha significado deterioro de las condiciones de vida para las grandes masas y cuyo resultado es la contracción de la producción.
La política económica adecuada es una fuerza motriz del desarrollo y se manifiesta como política social. El divorcio entre las políticas sociales y económicas no se origina principalmente en comprensiones estrechas sino en intereses que manejan el Estado.