Gustavo Noboa podría arbitrar en función de intereses nacionales. Su presencia en la conducción de la República no debe circunscribirse a la ruleta que maneja la banca y el aparato financiero ecuatoriano. Noboa es el producto mas visible de lo que él mismo denominó «el caos del 21 de enero».
Sin ese caos, Noboa seguiría siendo vicepresidente de un gobierno, a cuyas pautas aún, trágicamente, no ha renunciado, gobierno que traficó con la soberanía nacional, puso el país de rodillas ante la comunidad financiera internacional, congeló y recongeló los depósitos para encubrir el despojo del ahorro nacional, contrajo la economía, incrementó la deuda externa, desconoció la política social que no fuese caridad, degradó la función de jefe de Estado, violó la Constitución y tramó intereses necesitados de encubrir su retirada.
Para romper con este legado, no basta el planteamiento de la amnistía. Menos aún si este se orienta a ocultar la condenable administración y la opacidad de decisiones del anterior gobierno y sus aliados.
Carlos Solórzano Constantine -miembro del apenas declarativo «triunvirato»- señala que no requiere de la amnistía, pues se trata de reconocer la reivindicación del honor nacional que supuso la rebelión, ensayo histórico, premisa para el derrocamiento de Mahuad, y de su más retardataria política.
¿Qué sucedería si el coronel Lucio Gutiérrez declarase que él prefiere un juicio público a esa manipulada amnistía? ¿Qué, si se descubren los móviles que urdieron el golpe de Estado del 97? ¿Serían, entonces comprensibles las causas del pronunciamiento del 21 de enero, la inocultable fobia ante esas horas por parte de los golpistas «constitucionales» y la red crónica que reengendró y continuó el 22?
La desobediencia requerida por el pueblo, estimulada por todos los sectores sociales, azuzada incluso por el quehacer de los poderosos fue llevada a cabo por la rebelión.
Fue virtuoso que las Fuerzas Armadas se manifestaran junto a representantes de los pueblos indios de Ecuador, dispuestos a reivindicar la voluntad lesionada de la nación y el pueblo.
Pocas armas de América Latina no han disparado contra sus pueblos. En Ecuador perduran, aunque el poder tradicional lucha porque dejen de existir y sean tan represivas como en otras partes del continente.
El problema del país no es «el caos del 21 de enero», sino la incapacidad de este decadente poder para ofrecer a la nación política militar, social, económica, de crecimiento material y espiritual, antes y después de esas memorable horas.
Contra el levantamiento del 21 se pronuncian únicamente los magnánimos golpistas «constitucionales».
Quienes saben que la historia se hace dentro y fuera del derecho, esta vez hacen suya esa insubordinación popular, más aún cuando, como en este caso, la Constitución ya había sido rota.
En todo comienzo está el caos.
Ecuador vuelve a ese momento arrastrado por la demasía del poder tradicional.