El Congreso Nacional ha resuelto “autodepurarse”, según el decir de algunos de sus personeros. Y están seguros que guiados por “la anticorrupción” (moral oficial del Estado ecuatoriano) desatarán lucha feroz contra “calendarios sospechosos”, conciencias de alquiler, “reventa de pasajes” y más pecados encubiertos, medio imaginados y medio ciertos. Invocan normas de urbanidad a mas de las del “Código de Ética” –antídoto contra toda tentación–. Y uno que otro, a lo lejos, clama por el sacrificio de un congelamiento de dietas legislativas.
Estas “cruzadas” ocupan la información matutina y vespertina, motivan carcajadas o desalientos diurnos y nocturnos. La farsa es parte del gran circo que se reinaugura diariamente en todos los escenarios del Estado.
Comparemos estos afanes congresiles (en otros lados se los llama “idioteces parlamentarias”) con el silencio que los mismos diputados mantuvieron respecto de la obligatoriedad constitucional del Congreso de enfrentar la demarcación del territorio nacional encargada a los Garantes, convertidos en árbitros, cuando el Congreso debió haber asumido la “demarcación inevitable”, señalando las causas de dicha aceptación.
En nombre de la Constitución, el Congreso debió pronunciarse sobre la renuncia a la moneda nacional y no contemplar la dolarización desde el miedo que le impone la Base de Manta, respecto de la cual tampoco tiene pronunciamiento alguno, como que si fuerzas militares extranjeras en nuestro territorio y su quehacer militar no fuesen problemas de la soberanía y de los “representantes de la nación”.
A los diputados no les preocupa la inexistencia de política monetaria –razón por la que no habrá reforma financiera–; tampoco se inquietan ante el verdadero déficit del Presupuesto, la deuda externa, usada para el control político del Estado; ni lamentan –al menos– la substitución de la política económica por Cartas de Intención. Están ocupados en denunciarse “moralmente” frente a la dolosa subida del IVA, impuesta por la “comunidad financiera”, y ocultan el abandono a las demandas de un pueblo que pretendió y aún pretende contar con un Estado soberano.
El Congreso jamás entendió (o no pudo hacerlo) la tragedia del feriado bancario y el congelamiento de depósitos que urdió la estafa mas grande de la historia financiera y bancaria de Ecuador. Se sepultó en el griterío inútil: “cárcel para los banqueros corruptos”, al igual que hoy: “descalificación a los diputados corruptos”. Ignoran que la única respuesta a las mafias apoderadas del Estado es liberar al Estado de la banca, y a la banca de su manejo del cuasi delictivo paternalismo estatal.
Los capitales especulativos (y sus funcionarios “nacionales” e internacionales que copan todas las instancias de decisión) forjados en la usurpación de recursos públicos y dineros fáciles, imploran por la ampliación del circo a los castigos penales.
No advierten que cualquier ejecución es insignificante, frente a la grandeza histórica que supondría manumitir al aparato administrativo nacional de la esclavitud de la especulación financiera.
El Congreso no ha sido capaz de aportar una crítica válida al significado de una política energética que le niega a Ecuador un altísimo porcentaje de uno de sus recursos mas trascendentes, el petróleo.
No fue capaz de enjuiciar en Heinz Moeller una política de desconocimiento (y uso lesivo) del Estado y la nación ecuatorianos. Política que burló la legislación, su jurisdicción, la credulidad de la sociedad, la fe pública. Y le impuso, por último, el Plan Colombia que involucra militarmente al país en un conflicto que escapa a nuestra resolución.
El Congreso ha sido incapaz de organizar Tribunales Electorales con jueces electorales y no solo con delegados de partidos políticos. Partidismo en nombre del cual se reorganizan intermitentemente.
El Congreso no ha llevado adelante ni una sola reforma política trascendente.
Así, el Estado en su conjunto ha renunciado al restablecimiento de la seguridad jurídica. Ya no podrá hacerlo. Sus funciones son solo lugares de reunión para inculpaciones y simulaciones legales. Algo parecido a como se imaginó Dante un pedacito del infierno.
La gravedad del problema radica en la renuncia a representar los intereses de la nación desde las demandas de soberanía de este pueblo. Única causa y razón por la cual cualquier mandatario debe ocupar un sitio en el Estado.