En ausencia de política militar

En 1995, el gobierno presidido por Sixto Durán Ballén contrató la adquisición de armas “nuevas de fábrica” con un(os) intermediario(s)-facilitadores de la camuflada venta de “basura de arsenal”, realizada por el gobierno argentino presidido por Carlos Menem.

A la conclusión del período de Menem se armó el escándalo en ese país Garante del Protocolo de Río. Las razones: comercio ilícito, tráfico especulativo y otros intereses que un delito de “esa altura” vivifica.

En Ecuador, el silencio había servido de tumba. De pronto, en nombre de motivos penales se puso en escena “el engaño que sufrió el país” que, según los actores del drama comercial, “se subsanó” con el cobro del seguro.

No obstante, el significado de aquel premeditado tráfico de armas no se limita a la humareda publicada. Involucra la responsabilidad histórica del poder –en especial, de su administración estatal– que entonces y ahora carece de reflexión político-militar sobre el quehacer de las armas.

El nuevo orden internacional fue entendido por esta élite como la oportunidad para depredar el país y “hacer negocios”con recursos nacionales. Fue la ocasión de la especulación bancaria y financiera, de las comisiones millonarias por autorizaciones, contrataciones, concesiones. Todo, al margen del desarrollo. La cúpula jamás pensó la política militar como vertiente de la formación nacional.

En Ecuador, y casi en toda Latinoamérica, la nación se estructuró desde la consigna independentista que organizó el semillero de sus Fuerzas Armadas, determinada por el mestizaje étnico-cultural, los pueblos indios y negros, y sus momentos de transformación mas trascendentes. Por esto, doblegar a las Fuerzas Armadas, desnacionalizarlas o subordinarlas a una política que las distraiga de su función histórica es llevar a la nación hasta el sepulcro.

El problema de este tráfico de armas no se circunscribe a lo administrativo –penalizado o no–, descubre la incapacidad de círculos gobernantes ligados al control que ejerce la banca sobre el Estado, quienes resolvieron o debían haber resuelto a quién comprar.

Argentina era no solo Garante, sobre todo era el aliado estratégico de Perú. La opción por los vendedores argentinos pudo haber ofrecido a Perú un espacio para “abastecer” a Ecuador de armas “balísticamente muertas”. De esta manera, el piloto peruano que transportó dicho arsenal podía haber acelerado el traslado de una derrota repartida en contenedores.

La aparente torpeza del poder (siempre civil y económico, incluso bajo las dictaduras militares) es lo principal a juzgarse. La política militar es responsabilidad del poder real y sus representantes, cualesquiera sean sus vestimentas. La responsabilidad estrictamente militar es de otro orden. Juzgar al soldado por la ausencia de política militar sería un absurdo. Aunque resulte inevitable cuando son convertidos individualmente en co-autores o cómplices de los “desaciertos” del poder.

Aquella burla armamentista debilitó las relaciones militares y a sus mandos, constituyó también un test bélico: hasta dónde podían ser arrastrados los militares ecuatorianos. Mas tarde, los “criterios vinculantes” conformaron la premisa para el paso del ejército hacia el norte. Ejército que luego “no podía ni debía construir el OCP” ni controlar el flujo de petróleo, porque “los recursos del hemisferio están disponibles para prioridades hemisféricas”; las armas ecuatorianas solo debían ser guardianas del tubo.

Paralelamente, el gobierno capituló al convertir al territorio nacional en una base militar con cerebro en Manta (que para la previsión estratégica mundial también servirá en la “futura guerra en el Pacífico entre China y Estados Unidos”). Y entró en circulación el dólar como política militar.

Ecuador, objetivo militar, adherido al Plan Colombia es la criatura de la complicidad del Estado, presidido por los gobiernos de Jamil Mahuad y Gustavo Noboa, del Ejecutivo, el Congreso y otros organismos encubiertos en lo que calla un poderoso sector de la comunicación colectiva.

Los mandatarios y funcionarios del Estado ecuatoriano están bajo el efecto de la enajenación total. No ven lo que está sobre ellos, son responsables del rezagamiento de la política militar, cuyo único producto, hasta ahora, es la apoteosis de la impotencia nacional.

Mientras tanto, una guerra invisible escala…


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