El sistema de seguridad social ha caducado. Se manifiesta en su incapacidad administrativa, falta de recursos, imposibilidad de incorporar niveles técnicos avanzados. En él también se evidencia la distribución regresiva del ingreso, la degradación del aparato estatal que ha abusado de los recursos de la seguridad social. Todo forma parte de la crisis histórica que atraviesa Ecuador.
La reproducción del atraso está ligada de igual forma a la estructura empresarial del país.
Durante los últimos veinte años, el PIB per cápita se ha reducido en el 40%. No ha sido posible reestructurar el Estado ni reformar el régimen financiero y crediticio después de la dolarización experimental.
En estas condiciones, ¿qué podemos esperar de los próximos veinte años?
La reforma al IESS que discute el Congreso está inspirada en la búsqueda de fondos previsionales para el sistema bancario y financiero no reformado, cuya estructura y vínculos se han restablecido desde las acciones de gobierno, Función Judicial y AGD -ya innecesaria una vez cumplido su papel resucitador del poder bancario sobre el aparato del Estado-.
La seguridad social no es confiable si se la trata al margen de las finanzas públicas y privadas, más aún cuando se pretende entregar a este sector la esperanza de las prestaciones sociales para el mañana.
A nivel mundial, crece la perspectiva del financiamiento de las prestaciones sociales como obligación estatal, no exclusivamente de los aportantes. A la sociedad en su conjunto le atañe atender todas sus edades. Los recursos del Estado y la sociedad deben, parcialmente, satisfacer demandas generacionales o individuales por los riesgos del trabajo.
Por esta razón deberá obtenerse financiamiento para las prestaciones sociales con aportes tributarios de todas las ganancias: intereses, beneficios y rentas.
Esta concepción cobra fuerza en los países desarrollados como consecuencia de las tareas que se impone el Estado ante el envejecimiento de la población, la evolución de la estructura del gasto social, las relaciones entre prestaciones, educación, salud y el requerimiento social de bienes públicos.
El Estado ha de garantizar la conservación del poder adquisitivo de los aportes, el mantenimiento de un presupuesto ligado al desarrollo, con el fin de que los fondos previsionales, a largo plazo, estén ligados a la productividad, al aumento de la renta, al incremento de la riqueza social, aunque condicionados por los ciclos del crecimiento económico.
No bastan las ficticias garantías de las tasas de interés o de la especulación circunstancial del rentismo financiero.
El Congreso Nacional debió, antes de aprobar “la Ley del IESS”, reformar el sistema financiero y bancario de Ecuador y liberar al Estado de su control.
En Ecuador, la naturaleza del capital financiero forjado al margen de la producción, nutrido por los dineros fáciles del tráfico de influencias y el control del aparato estatal (sumado a la moralina que disfraza a la élite) no garantiza derechos generales ni de excepción de la seguridad social. Por esto la colectividad cuestiona a “empresarios” enloquecidos por las ACAPs.
La prestación social como obligación del Estado permitiría exigir que, de igual manera que cuando se habla de la deuda externa, las aportaciones sean “honradas” como tal deuda, con las tasas de interés que los acreedores internacionales imponen, bajo la garantía de inversiones reales de esos recursos y al menor riesgo.
La política social y económica son aspectos de un mismo proceso, si se pierde una de ellas la otra también se pierde.
El gobierno, al haber reducido su política económica a Cartas de Intención y tener un presupuesto de acreedores, sin vínculo con el desarrollo, oculta que el déficit real es la deuda externa y que carece de política social, a pesar de la beneficencia y la caridad públicas.
Las reformas a la Ley de Seguridad Social no escapan a esta realidad, permanecen en el objetivo de entregar fondos previsionales al manejo del mismo poder (con nuevos y antiguos rostros) que provocó el congelamiento bancario, la estafa devaluatoria, crediticia y financiera cuyas consecuencias la población sufrirá aún durante algunas décadas.