El petróleo es aún recurso fundamental. Las potencias y su instancia dirigente, Estados Unidos, emplean redes financieras, políticas y militares para su control. Se añade la institucionalidad internacional, al parecer andamiaje administrativo del G-7.
En Ecuador, ese control también articula relaciones alrededor de la infraestructura petrolera, deuda externa y financiamientos que reproducen el stablishment, garantía de subordinación ante los países hegemónicos del mundo.
Un caso menor, parte de este tejido, es la Reforma Fiscal destinada a que el Estado ecuatoriano tenga por ley un solo objetivo: hacer que el superávit presunto de los ingresos del oleoducto de crudos pesados esté destinado a tributar por la deuda externa, siempre creciente.
La Reforma Fiscal se anticipa además a garantizar con supuestos excedentes petroleros a los acreedores. El nuevo oleoducto obtendrá el crudo del oriente y lo transportará a los bolsillos de los tenedores de deuda, actuales y venideros. Tal como lo hace ahora el viejo oleoducto, el SOTE, de cuyos ingresos y exportaciones se financia el porcentaje del presupuesto del Estado que sirve para satisfacer el antiguo endeudamiento.
Si hay mas petróleo vendrá mas deuda, con su cualidad de financiar y refinanciar a la comunidad financiera y su cúspide. Recursos que no van al desarrollo sino al control de estos países.
En febrero de 2002, la derrota del cuestionamiento a los procedimientos para la construcción del OCP satisfizo hasta la euforia a la comunidad financiera y sus dirigentes; enloqueció a cenáculos de recientes ricos del Estado cuyos destinos residenciales ya no estarían en Ecuador. Mientras tanto, el país permaneció sumido en la simulación y el encubrimiento. Por un momento, se exhibieron “mesas de diálogo” para “modernizar indios”, ocupar a funcionarios y adormecer la opinión pública.
No existe tope real al endeudamiento. El límite al gasto público no lo garantiza. Las obligaciones de rebajar la deuda pública constituyen legitimación anticipada para recompra de bonos de la deuda.
El presupuesto del Estado no reconoce que el déficit presupuestario se debe a la a la deuda. Por esto, el presupuesto es de acreedores, y el pago de la deuda es preasignación presupuestaria. Aplicar la declaración de la reforma según la cual “los ingresos públicos no podrán financiar nuevos gastos predestinados”, supondría establecer diferencias entre la deuda pasada y la por venir, lo cual jamás aceptaría el Fondo ni sus devotos.
El tope relativo, establecido como porcentaje del PIB, se presta a falsificaciones, renegociaciones y financiamientos que no mejoran la situación económica del país. Se tendría además que crear un porcentaje decreciente del ítem asignado a cubrir el servicio de la deuda en el Presupuesto y fijar una suma decreciente del pago anual en términos absolutos. Nada de esto consta en la Reforma.
El Congreso hizo lo que pudo (ya casi no puede nada) por suprimir las preasignaciones porcentuales en esos fondos que nominó de Estabilización, Inversión Social y Productiva y Reducción del Endeudamiento Público (Feirep). En sentido estricto, los “ingresos provenientes del OCP, sus rendimientos financieros y las comisiones de administración del Fondo” estarán destinadas a la recompra de la deuda.
El Congreso dejó al arbitrio del presidente los porcentajes a definirse, según las circunstancias. Decisión que satisfizo al Fondo al extremo que “el representante del FMI en Ecuador viajó a Estados Unidos (…) era la última condición para la Carta de Intención” que ya está redactando una comisión del FMI.
Los presidentes en Ecuador son designados por la “alianza” -comunidad financiera mas poder local-, con los ajustes requeridos al voto ciudadano que los legitima. Ese presidente no podrá hacer otra cosa que honrar la delincuencial deuda externa, convertida en técnica.
Los objetivos de los otros fondos de la Reforma no se cumplirán. Son parte de la ilusión que requieren ciertas aprobaciones de intereses extranjeros en Ecuador.
Cada vez es mas claro para qué se firmó la construcción del oleoducto con OCP Limitada. El petróleo tiene solo un destino, el concertaje financiero internacional, no la inversión en agricultura, industria, servicios, educación, salud, calidad de vida.
La dimensión de esta tragedia no será comprensible sino con los años. Semejante a las normas de descontrol financiero y bancario que se aprobaron durante el gobierno de Sixto Durán Ballén y que desembocaron en el mayor atraco de la historia económica de Ecuador bajo el gobierno de Jamil Mahuad, auspiciado por los mismos grupos gobernantes que, esta vez, aprobaron también esta reforma tan aplaudida como aquella, por los de allá y los de acá.
En abril de 2002, el Congreso a pesar de las buenas intenciones de unos, de las malas de otros, y de la “ingenuidad” de espanto del Presidente de la República, consagró la función del petróleo: pertenecer a la deuda externa.