La política exterior siempre proyecta la política interna. No obstante, en Ecuador responde directamente a sugerencias, presiones e intereses externos en lo territorial, económico, político y militar.
El discurso institucional vuelve confusa la política de Estado, aunque en su práctica, no lo es. Su condición de objeto de otra política internacional –precisa formulación de Mauricio Gándara Gallegos- se evidencia en hechos tan trascendentes como la delimitación de la frontera con Perú, la instalación de una base militar extranjera en Manta, la adhesión al Plan Colombia, la política militar para nuestras armas, los simplismos ideológicos reductores del entendimiento, los condicionamientos del FMI. Todo incita al prematuro fin del Estado soberano de Ecuador.
El Plan Colombia, principio de política exterior en la región, ofrece solución militar a la guerra civil y añade encubrimientos pacificadores donde anida el desate de la conflagración. Al amparo de esas coberturas, va imponiéndose el curso inflamable de las hostilidades.
El gobierno ecuatoriano no ha sido capaz de elaborar su propia estrategia política respecto de la guerra civil de Colombia. Es solo un objeto de otra política, tragedia creciente en el país y límite insuperable para representar y asumir la voluntad de la población en favor de la paz.
Si Alvaro Uribe, como lo afirma la prensa norteamericana, es el Bush de Colombia, bien podría emular a pretendiente de jefe de la política militar de Ecuador.
Las tareas antiterroristas, antinarcóticas y antidelincuenciales impuestas a las Fuerzas Armadas no dejan espacio para el planteamiento de las funciones de las armas en las nuevas condiciones mundiales. Las nociones de soberanía se encarcelaron en esas “tareas” que nacen de la enajenante política exterior en la cual estamos involucrados.
La “paz” con Perú, la dolarización y el Plan Colombia se impusieron con disimulos para convertir a Ecuador en territorio de previsibles operaciones bélicas.
El Estado ecuatoriano ha estado ausente de fundamentales resoluciones y responsabilidades. La obediencia a los mandatos externos no excusan a las funciones estatales de su inacción.
El Congreso es el asilo mayor de la derrota política de Ecuador. Convertido en pantano de polemistas rabulescos, no respeta al pueblo, la nación y el Estado de cuya descomposición forma parte. Una terrible indignidad legisló para reducirlo a la impotencia; no puede cambiar una política ni un ministro, tampoco sancionar al ejecutivo o la función judicial. El Estado ha sido enredado en el quehacer de un poder que lo maneja desde un menú de prejuicios preparados a su arbitrio.
Las acusaciones contra las cúpulas de las Fuerzas Armadas, aunque se demostrasen judicialmente ciertas, se las promueve también desde premeditados intereses, el debilitamiento del soldado ecuatoriano, columna vertebral de una nación que nació de las guerras de la Independencia.
La inercia de doctrinas de la Guerra Fría y la pobreza ideológica del mando civil suprimieron la posibilidad de una política militar distinta. La nueva política también nos vino de afuera. La TV la exhibe: descubrimiento de campamentos con cocaína, incineración de amapolas y hojas de coca, captura de delincuentes, desafío al terrorismo.
La ausencia de soberanía en la conducción civil de las Fuerzas Armadas es absolutamente sensible.
La propuesta del presidente de Brasil, Fernando Henrique Cardoso, destinada a América Latina es demanda que nace del instinto de sobrevivencia de nuestras naciones. Avanzar en la integración, el desarrollo económico, la ampliación de la democracia, el respeto a la soberanía de los Estados y mantener relaciones de paz.
Los pretendientes a jefes de Estado deben pronunciarse con diafanidad -sin camuflajes- sobre la política exterior, la estrategia de paz o de guerra. Deben asumir compromisos verdaderos y claros respecto del derecho internacional y la política económica.