Con las guerras de la Independencia se crearon nuestras repúblicas. En ese principio, los pueblos vernáculos, siguieron en la penumbra de la conciencia colectiva. La conquista marcó para siempre las estructuras de Estados latinoamericanos que reconquistan periódicamente a la población también con otras armas, la producción de la subjetividad colectiva. Quedaron las huellas de la Colonia en el espíritu de una estructura de poder discriminatoria, racista y atrasada.
En Ecuador, además, los últimos 25 años han sido dramáticos para la economía. El petróleo se convirtió en recurso especulativo de la banca y riqueza de una élite enriquecida al margen de la producción. El Estado devino en objeto de propiedad de esa banca que, por sus nexos, dispone de un soporte mediático con el que ha podido y puede aún hacer de las suyas en el ánimo de un amplio sector social.
La tríada del poder puso en acción al Ejecutivo para desatar y luego encubrir el asalto de 1999. Antes, a partir de 1976 azuzó el “endeudamiento agresivo” que le aconsejaba la técnica de la comunidad financiera. Desde entonces, los acreedores podían contar con la garantía del petróleo ecuatoriano cuyo destino sería pagar el servicio de la deuda, renegociarla, recomprarla, consumirse en ella.
Mas tarde, desde la vuelta a la constitucionalidad (salvo escasos meses de otra intencionalidad), la política económica se redujo a pedazos de la esfera de la circulación cuya consecuencia ha sido la inexistencia de desarrollo de las fuerzas productivas. En su lugar, está la especulación que se impuso en todas las esferas de la vida social, en la economía, religión, moral, educación, comunicación, información, relaciones interinstitucionales, programación social, comprensión de la historia.
En la licuadora de la banca, todo esto se convierte en dinero fácil de un capital especulativo que aparta a la población de su realidad, usa al Parlamento y, en tiempos de judicialización de la política, a la función jurisdiccional.
También, desde los orígenes de la República el sistema electoral ecuatoriano fue y es uno de los mas atrasados del mundo, en nombre de Dios y la voluntad ciudadana.
Para el 20 de octubre, la población otra vez asiste a un acto democrático. Elecciones en el subdesarrollo, donde la anticorrupción es la ideología del poder y de todos sus súbditos. Tema privilegiado por la opinión en la TV, los púlpitos, la sobremesa y los antros.
El poder en Ecuador, junto con la comunidad financiera internacional y sus intereses, controla partidos políticos, medios y aparatos del Estado. Ahora está preocupado de que se cumpla la “participación ciudadana” para lo cual bastó la creación de una persona jurídica que con su nombre suplantó y se arrogó la realización de una demanda social convertida en adorno de la circunstancia de 2002.
El sistema electoral se plasma en una función de partidos políticos cuyos integrantes no actúan independientemente de las decisiones partidarias. Esto empeora si se advierte que los partidos poseen una dudosa cualidad partidaria.
La ley electoral no reconoce fundamentales pronunciamientos de la ciudadanía tales como la libertad del elector para abstenerse y el derecho para que su voto nulo, si es mayoritario, anule las propuestas de los ofertantes de candidaturas. La debilidad de la instancia institucional llega al colmo, se desinstitucionaliza el control del escrutinio al contratar una agrupación privada extranjera encargada del conteo.
Algunos medios de comunicación se exhiben como base de lanzamiento contra quienes a priori se supone candidatos que podrían poner en riesgo el statuo quo que defienden. Citan a los candidatos igual que autoridades cuasi estatales, como lo hace el intendente, un juez o un inquisidor; no entrevistan, interrogan en condición de reo al candidato y difunden exitosamente superficialidades, rumores digitales, mas eficaces que cualquier imaginario ántrax. Con estos objetivos ceden su sitial, catástrofes, crónica roja y criminalización de la política.
Cortinas de humo tales como el control del gasto electoral permiten ocultar la desigualdad de oportunidades. En lugar de ese control, el Estado debía ofrecer a las candidaturas iguales espacios en los medios.
Por las circunstancias de Ecuador, las veedurías del exterior son ciegas, palpan, no ven y si entienden, callan. Para colmo, con la tecnificación del proceso ni hardware ni software están a disposición de los candidatos, como no lo estuvieron en el año 98. Entonces el presidente del Tribunal Supremo Electoral -amigo íntimo del candidato al que se lo declararía triunfante, y del cual había sido procurador en un municipio, luego su embajador en la OEA, anfitrión permanente del ex presidente y por último abogado personal- negó el acceso a un binomio finalista (el otro, era el ganador predeterminado) a los programas del escrutinio y a la apertura por muestreo de las urnas para verificación de los dudosos datos. Ahora se ha suprimido el exit poll que anticipaba el resultado oficial y que hasta 1998 era pronóstico electoral realizado por un banco de la trinidad.
Alvin Toffler advirtió, a propósito de las impugnadas elecciones de 1987 en Corea del Sur, que bajo los actuales sistemas de escrutinio la manipulación ya no se hace en las urnas sino en los ordenadores, y recordaba lo señalado por un corresponsal en Seúl del Financial Times: “sería extremadamente fácil preparar un modelo informático para un resultado aceptable (…) el cual podría haberse adaptado a las opiniones del público sobre la posible intención de voto. Un modelo de esta clase podría ser utilizado para adaptar resultados de forma muy sutil en los distritos claves a fin de facilitar la victoria sin dejar una pista muy descarada”.
En las elecciones, algunos instrumentos mediáticos encumbran la banalidad, el cuestionamiento a la vida privada y el voluntarismo, que sustituyen cualquier tratamiento del problema del poder y su colusión con intereses financieros internacionales, generalmente contrarios a la existencia del Estado soberano.
Por ahora, se diría, las elecciones aparecen como una coartada. Pero si la mayoría se impone al margen de la decisión del poder, la voluntad de la ciudadanía deberá gestar una nueva fuerza.