Devora petróleo, salud, educación, soberanía, posibilidad de desarrollo de las fuerzas productivas. La deuda es instrumento depredador, obedece a grandes intereses externos aliados a grupúsculos encargados de legitimarla, renovarla revalorizarla, a pesar de estar urdida de ficciones. Riqueza de asientos contables convertidos en control político.
Cada hora de las últimas décadas muestra conflictos graves en todas las áreas de la vida económica y social del país. Sin embargo, una ideología antinacional recrea recurrentemente una justificación. Gremios de trabajadores y empresas de Estado son los culpables. No hay memoria del pasado inmediato ni de concesiones, privatizaciones ni de la banca que terminaron en descalabro absoluto simulando beneficios que se obtienen desde la estafa y la claudicación nacional.
El país está entrampado entre la omnipotencia de la comunidad financiera internacional y la esterilidad interna de su trama administrativa, empresarial, laboral e ideológica que enreda a la población, predispuesta a la culpa individual y la solución criminalística.
El caso de Petroecuador lo demuestra de manera fehaciente. La última reestructuración del Comité de Administración invocó la inercia destinada a la venta de crudo, la concesión de su búsqueda, la utilización del recurso en requerimientos inmediatistas. Parecería que el pozo petrolero solo se relaciona con salarios. La relación entre campos de petróleo, empresas beneficiarias y la comunidad financiera internacional continúa oculta. Nunca se insiste en la realidad: lo que aporta el petróleo constituye el mismo porcentaje que el presupuesto asigna al servicio de la deuda externa.
A veces, a los pueblos les sucede lo que a algunas especies animales, enjauladas, se destruyen por no poder trascender.
La población no duda sobre la naturaleza de la política petrolera desde 1976 hasta el presente. Beneficia únicamente al servicio de la deuda, a empresas extranjeras y avales requeridos para la continuidad del endeudamiento.
Vender petróleo crudo significa no crecer. Al país le “queda” un porcentaje mínimo de los contratos petroleros que oscila entre el 10 y el 20 por ciento destinado a consolidar un sector medio de la sociedad que irradia concepciones de control social y, por supuesto, también sirve para comprar élites usufructuarias del Estado.
Una administración cuyo argumento para la reestructuración es el arbitrio de la autoridad y no otra política, no tiene otro destino que la inercia.
Van a adjudicar -se dice- áreas y/o pozos para la exploración y explotación de petróleo, en condiciones semejantes a las pretéritas. El propósito es la recontratación (se rumora) de las empresas integrantes de OCP Ltda., empresas que no se sabe si son las mismas, que hoy bien podrían no ser.
Las proporciones en que el recurso se distribuye para la empresa y el Estado seguirán siendo 80-20 o mayoritariamente 90-10, a pesar de todos los disimulos con que se publicita el proceso contractual. En ciernes, pasaría el crudo del SOTE por el oleoducto de crudos pesados, según las exigencias “técnicas”. Se afirma que la reestructuración también podría estar destinada a dar por concluida una contratación con PVDSA (Empresa Venezolana de Petróleo) por influencias “comprensibles”. Se pretende desconocer cláusulas diversas del contrato colectivo, aunque le resulta mas beneficioso al poder invocar privilegios para fabricar con su sobredimensión una cortina de humo protectora de empresas petroleras y endeudamientos.
Esta inercia reedita una política que hace de Ecuador un Estado moribundo. El petróleo en 30 años solo ha servido para financiar el pago de la deuda y, por supuesto, financiar el control social que requiere ceguera colectiva, complicidad estatal y esterilidad informativa.
En apariencia, se libran disputas, entre sombras enjauladas. Solo podrían romperse con una política distinta frente a la comunidad financiera y, en particular, frente a la deuda. Y desde la necesaria separación del Estado y la banca.
Las denuncias de los trabajadores de Petroecuador y de la ciudadanía en general merecen audición nacional no prejuiciada.
Nunca bastará el cambio de un Ministro para resolver el problema, menos aún si la política petrolera sigue siendo la que la opinión pública sospecha. El rumor advierte su significación en la recreación del atraso.
En conjunto, solo hay una respuesta a la subdesarrollada política petrolera: limitar la venta de petróleo crudo e iniciar un proceso de creciente industrialización. Objetivo superior para el cual deberían abrirse concursos y licitaciones desde una política petrolera soberana, no subordinada a la degradación del Estado ni a sus correspondientes círculos.
La deuda ha devorado al petróleo y el petróleo le ha arrancado los ojos a la nación. No ver, permanecer en la jaula y desatar combates feroces es tarea de sus asilados. La ideología secreta esta tarea para bien de los verdaderos beneficiarios de deuda y petróleo. Pareja infernal.