En 1999, la estructura esencial del poder especulativo reveló y cuestionó sus relaciones en el Estado y con el conjunto de la nación.
Suceso que, en esas dimensiones, ha tenido pocos émulos en la historia mundial de la infamia financiera. Mas de seis mil millones de dólares, que el Estado prodigó a la banca en nombre de una devolución de depósitos que nunca concluyó, migrarían a lugares sobreprotegidos. Y una fisura insondable, aunque apenas perceptible, se reabrió en la palabra del mundo financiero.
Con el fin de reconstituir el poder, hubo que apagar parcialmente el fuego de la indignación de cientos de miles de ahorristas y embaucar a la nación.
Esto significaba reducirlo todo a esa manifiesta estafa, inculpar individualidades y ocultar al poder. Así, la culpa sería de “banqueros corruptos” y, en el peor de los casos, de algunos bancos estatizados.
No debía ser tocada la telaraña de vínculos financiero-especulativos que controlaba y controla la institucionalización o desinstitucionalización del Estado, recursos de la nación, orientaciones ideológicas, usos de creencias colectivas, adicciones al moralismo estéril, vínculos de propiedad con un sector de medios de comunicación. Además, los siguientes mandatarios podrían ser igualmente actores en la telaraña y, a la par, enemigos de los “banqueros corruptos”.
Allí nació y anidó la AGD. Destinada a ofrecer juridicidad a la reproducción del aparato especulativo e invisibilidad al enriquecimiento fácil tras el espejismo de la garantía de depósitos.
En pos de la protección del régimen especulativo, incluso se sacrificó al gobierno anti-nacional de entonces.
En medio de un gigantesco descontento social, se engendraron simulacros que disimularían el golpe de Estado en tránsito del 21 al 22 de enero. Se dramatizó la fortaleza del movimiento indígena y se premeditó extremar prejuicios acerca de su presunta autoría de los golpes de febrero del 97 y enero de 2000. Ficciones que impedían observar los hilos que promovían y encauzaban una protesta social ensimismada.
Antes de nacer, el gobierno de Lucio Gutiérrez rompió el cascarón en el que aparentó engendrarse: CONAIE, Pachakutik, MPD, otras organizaciones y personalidades.
En esa inercia, se entregó la AGD a Wilma Salgado. Se supuso acto subordinado a la moral sin política. Administraría un cuerpo de delitos cuya disolución había sido sugerida (ahora establecida) por el FMI.
Wilma Salgado no se redujo a recuperar fondos adeudados. Descubrió que no solo enfrentaba a poderosos deudores sino a una red de acciones concertadas y coludidas en la banca que organizaba la fase final de su reconstitución, limpieza y licuación del atraco.
Al aparato bancario y a sus políticos se les había escapado la AGD cuando tenían que haber pulverizado ese archivo de delitos y otras modalidades de la fortuna. Entonces “removieron” a la Gerente para recuperar la Agencia. Les falta enterrarla y, con ella, si fuese posible a Wilma Salgado en el lodazal que fabriquen por las “violaciones a la ley cometidas” por Salgado y su equipo.
Los “banqueros corruptos” se protegen en la sombra de la comunidad financiera, también en la que presta un sector de la crema política, y con ciertas armas que apuntan contra nuestra historia organizan el funeral y la bendición de la Agencia de Garantía de Depósitos.
Una disputa deambula alrededor de la estafa del 99. Determinará la profundidad a la que se sepulte la AGD. No obstante, quedará el espectro del poder especulativo, ante cuya palabra rota crece la desconfianza y la conciencia social.