El Estado agoniza. La comunidad financiera, la banca especulativa, un puñado de medios de comunicación, intereses bélicos lo determinan.
28 años fueron suficientes para imponer un simulacro de administración nacional, la tolerancia a una permanente reproducción del atraso y la conversión de recursos nacionales en garantía de un régimen de concertaje revestido de financiero.
Disputas acerca de ficticios valores ocupan la subjetividad colectiva. El Código Penal ha sustituido los programas de algunos partidos políticos estatales que se han cimentado en grupos contractuales «anónimos», una especie de administración SA, ONGs SA, fundaciones SA o sistemas SA en los que reptan mafias.
La deuda externa, expresión de la gansterización de la comunidad especulativa, recrea la necesidad de más endeudamientos. Financia sus proyectos sin que se le pida y cobra como a bien tiene.
Se imponen políticas al Estado y a las armas. La política militar se ha desvirtuado.
La voraz legislación impuesta protege intereses ajenos a costa de la población, la nación y el Estado. Una supuesta desregulación «postmoderniza» el aparato administrativo hasta anularlo.
Febres Cordero no reclama a Lucio Gutiérrez por su política, sino por su conducta. Así omite la política semi-oculta en su propio partido, política de contenido idéntico a la de su circunstancial adversario, no involucra la tragedia del Estado. Solo destaca como prejuicio una realidad: en Ecuador la empresa más rentable la conforma la representación del poder; la corrupción, madre de un atesorado y elástico delito, el peculado, desgastado por su excesivo uso político.
La única moción que, al parecer, podría llegar a 67 votos sería la de peculado. Las demás causales anunciadas auxiliarán denuncias y cierta catarsis para conservar la democracia, cuyo otro nombre podría ser el poder.
Cabría preguntar si los silencios de la única moción de mayoría posible vuelven común la política de sus promotores con aquella que ungió a Mahuad, Noboa y Gutiérrez.
Si no es así, ¿podrían renunciar al silencio y denunciar el resquebrajamiento de la soberanía en Ecuador? ¿O se trata simplemente de refrescar una presencia endeble en el Estado?
En el pueblo, el deseo de cambiar de gobierno supone la ilusión del cambio de poder. En los representantes del poder, el cambio de gobierno es para conservar el poder.
La sociedad sabe que la causal constitucional se desgastó por su farsa. El golpe de febrero de 1997 exhibió las mas cínicas invocaciones. La dolarización suprimió hasta la memoria de la Constitución y para el golpe «constitucional» del 22 de enero de 2000 bastó inculpar a la alianza indígena-militar que fraguó el 21.
El juicio que se desarrolla en el Congreso debe aspirar a convertir el andamiaje administrativo en espacio donde interactúen los intereses nacionales y se defienda la soberanía. El juicio imprescindible es aquel que eleve la conciencia de la situación actual de Ecuador frente a su mañana.