La constitucionalidad en Ecuador, a partir del golpe de Estado de febrero del 97 –y en algunos sentidos aún antes–, ha funcionado como encubrimiento y coartada de intereses que lo han conducido al desastre.
El Congreso había renunciado incluso a sus funciones. Todo se justificaba con el fin de ocultar la Constitución rota. Coyuntura tozuda e insepulta que marcó el simulacro de la Constituyente del 98. Su magro producto constitucional tampoco fue observado.
Se impuso la dolarización y el principio del fin de nuestra política ante los ojos ciegos de las funciones estatales y de sus partidos dirigentes. Se llegó a la impostura de publicar textos jamás aprobados como artículos de la presunta Constitución.
Que un hecho se pretenda constitucional no basta para que sea bueno. Generalmente, los mayores avances se han vinculado con la ciencia, la técnica y la voluntad de los pueblos. No fue este el caso de la declinación del Estado ecuatoriano.
El 8 de diciembre de 2004, al fracasar la destitución de Gutiérrez, se contrapuso una circunstancial correlación de fuerzas y se reestructuró la CSJ por resolución simple de la mayoría parlamentaria. En 1997, con otra resolución aún mas simple se destituyó al Presidente. Entonces, contaron con nociones ideológicas enajenantes. Hoy también, aunque sus devotos son menos y no tan movilizables, dicen.
El desorden jurídico debe superarse por la ciudadanía y sus organizaciones. No por poderes externos, como lo han solicitado ciertos empresarios.
Ahora o después, será una Constituyente soberana la que resuelva la constitucionalidad y la forma de Estado aprobada en plebiscito. Estado que ha de ser mas representativo y capaz de imbricar positivamente sus funciones.
La ampliación de libertades individuales y ciudadanas es necesidad de la renovación del sistema político.
La independencia del Estado respecto del aparato financiero especulativo es vital para la nación.
Se ubicarán elecciones a mitad del período de ejercicio de la jefatura del Estado. Elecciones que guían ajustes gubernamentales sin la desinstitucionalización que genera el golpe. Europa y Estados Unidos, en ocasiones, ofrecen una experiencia inmensa.
La Ley de Partidos Políticos elevará derechos de los militantes. Incrementará el nivel de exigencia para la permanencia de los partidos (no necesariamente de nivel nacional). Estimulará en el sistema la capacidad de interactuar con tendencias y pensamientos diversos con el propósito de generar reflexiones mas amplias y conciencias colectivas mas trascendentes.
La moral que hace la Historia reconoce la realidad, no reclama “vuelta al Estado de derecho” que no existe, plantea elevar el país a la constitucionalidad que las actuales condiciones podrían hacer viable.
Una Constitución rota no se suelda con palabras. Se requiere otra Constitución.