La nación está avocada a restituir una de sus fuentes mas trascendentes del derecho y la soberanía, la ciudadanía. Hoy, desorganizada, ideológicamente agredida, moralmente desarmada y políticamente confundida.
No hay otra fuente del derecho que permita dotar de esa condición al Estado y su administración.
La Constitución, reducida a un artificio legal, tiene origen en una estructura de poder adicta a lucubraciones cuasi bursátiles y especulativas. Por eso, la deuda pública y sus renegociaciones y el desprecio de sus partidos a la situación histórica del país.
Este lugar lo ocupa un montón de prevenciones, creencias, simplezas con las cuales la política hegemónica arma su tamaño en la coyuntura.
La consulta alcanzará sentido práctico si se orienta a contrarrestar la declinación del Estado que agoniza en su jurisdicción y soberanía.
Las urgencias que alimentan otras interrogantes es posible que estén contenidas en la orientación anterior, pero ninguna contiene la resolución que el sentido histórico del Estado impone.
El Estado integraría las funciones que en el siglo XXI asumen los Estados soberanos o en pos de esa condición. Funciones corresponsables de la administración de la nación, principio y límite de su independencia.
El Congreso ampliaría su papel histórico hacia aspectos esenciales de la política exterior: la guerra y la paz, convenios internacionales que subordinen o modifiquen la Constitución y la integración de Ecuador en la Comunidad Sudamericana de Naciones.
El Estado se separaría de la determinación del aparato financiero. Vincularía el sentido de la administración a la salida del subdesarrollo.
El sistema de control estatal avanzaría a partir de las demandas del desarrollo y los principios éticos que hacen la Historia.
Elevaría el factor social de la evolución de la población.
La Función Judicial correspondería a exigencias de juridicidad, ascenso moral e ideológico de las nociones de justicia.
El Ejecutivo convertiría la presencia del Estado en factor de protección de la nación.
La reforma ampliará la libertad y derechos del elector, establecerá elecciones uninominales, concretará la responsabilidad política de los elegidos, normará la rendición de cuentas, dispondrá la revocatoria del mandato para todo cargo de elección, hará de los partidos escenarios de progreso, tendentes a reducir el ensimismamiento de sus elites en fáciles comprensiones.
La igualdad en la promoción de candidaturas y programas sería administrada por la Función Electoral, no por el mercado.
Para elevar las nociones ideológicas, la producción de la subjetividad colectiva debe llegar a ser objeto de la conciencia social. Allí se empoza el atraso o se eleva el espíritu, cuyos intervinientes culturales, educativos, mediáticos y mas, requieren de permanente autocrítica.
Ecuador precisa no continuar ni volver a un estado de postración, cualquiera sea el nombre que se le ponga.