La convivencia pacífica entre Estados se revaluó a partir del conflicto que encendió la violación de la jurisdicción venezolana en la captura de Rodrigo Granda por parte del Estado colombiano.
Hugo Chávez reaccionó según el mandato de su función. No actuó como “nuestro” gobierno ecuatoriano en la captura de Simón Trinidad, cuando se sumó a las justificaciones que reclamaba el encubrimiento del suceso.
En Venezuela se movilizó un sentimiento nacional manifiesto en el requerimiento al gobierno colombiano de debidas disculpas.
Álvaro Uribe acusó a Venezuela de permitir que en su suelo permanezca un conjunto de «terroristas» colombianos. Venezuela solicitó la captura de «terroristas» que, con la participación de intereses extranjeros, lideraron el golpe del 11 de abril de 2002 y que se encuentran bajo la protección del Estado colombiano.
La situación se agravó con la disposición del gobierno venezolano de congelar relaciones comerciales con Colombia.
La Casa Blanca incitó a los Estados latinoamericanos exigir a Venezuela una definición de sus relaciones con las FARC.
La intervención norteamericana fue sentida de inmediato como un peligro. Al extremo que algunos cancilleres de la región insinuaron que Estados Unidos no intervenga en el caso.
El embajador estadounidense en Caracas no se detuvo. Comentó para la CNN (27-01-05) que el terrorismo ha de perseguirse y castigarse sin fronteras, “los terroristas deben ser capturados y entregados a Estados Unidos donde quiera que se encuentren, Bolivia, Perú, Chile, Marte, Venus o cualquier parte del universo”. La desmesura exime de comentarios.
Álvaro Uribe presintió el peligro. Abrir otro frente hubiese sido prematuro y demencial, incluso para su política, a pesar de la transnacionalización de la jurisdicción estadounidense dispuesta por la administración Bush.
Optó por la disposición latinoamericana. Habló con la mayoría de Jefes de Estado e incluso se dirigió al Presidente del gobierno español.
Todos aceptaron mediar. Fidel Castro actúo de inmediato y se constituyó en lo que la prensa denominó puente de solución.
Por ahora, es posible que la confrontación se detenga. La incertidumbre de esta paz aún es preferible a su quebrantamiento.
En América la eficacia en azuzar convenientes golpes de Estado o conflictos bélicos regionales interroga sobre si concluyó en este rincón del planeta el Derecho Internacional ya desplazado por la voluntad militar superior que incorporaría América Latina a la guerra del siglo XXI, bajo el mismo arbitrio que tan exitosamente ha liberado, democratizado y modernizado Afganistán e Irak.
Momentáneamente, la respuesta se aproxima mas a la economía que a la política. Esa guerra hecha de muchas guerras en América Latina está en la perspectiva, no obstante ¿sería rentable?
Pero antes, América Latina debe fundar su propia institucionalidad, resolver sus conflictos, impulsar y proteger el desarrollo, divulgar su imagen y palabra, garantizar la paz e integración regional y seguir el curso de la condición humana.