Las cabezas de la oposición y del gobierno se imputan haber cometido violaciones varias. Del Código Penal, unas y de la Constitución, otras.
En el lado «gubernamental», los aliados, pequeños bloques contradictorios, son simultáneamente adversarios. De la «oposición», se podría afirmar lo mismo.
Poseen en común la negociación de una diferencia jurídico-moral.
A pesar del ruido gubernamental, parlamentario, civil, judicial y mediático la política real permanece ajena e intocable. Es el andar en la destrucción del Estado.
Esas cúpulas y jefes opuestos jamás han cuestionado la determinación política del Plan Colombia ni el significado de la persistente movilización de hombres, pertrechos bélicos y ánimos a la frontera norte. Caso de soberanía, dicen.
Del TLC sospechan que sea disposición divina. De la Comunidad Sudamericana de Naciones, solo silencios. Fantasías sobre problemas energéticos y añaden ajustes de cuentas foráneas. Ni una palabra acerca de la política exterior, la mas abyecta desde la venta de la bandera.
Están de acuerdo en «despolitizar y despartidizar» la Función Judicial. Hace falta para reasegurar lo que la CSJ anterior refrendaba.
Lo mas grave, años atrás se despolitizó la Función Ejecutiva y la Legislativa. Los partidos zozobraron en un charco de inmediatismos. Se anestesió hasta el instinto colectivo mientras la política era usurpada por el poder financiero. El Congreso Nacional perdió atribuciones y quedó para legitimar la voluntad de las multilaterales, gestoras a su vez de programas y conducción del Ejecutivo y demás funciones estatales.
De la estrategia y su administración, se encargarían intereses externos. Este Estado es su mayor instrumento.
Se ha sepultado la política nacional y se rinde culto a su impostura.
Funcionales conductores de opinión son ungidos para una recurrente ocupación, la nada. Esta se convierte en opinión pública. Así fue posible ubicar ideológicamente, en ese amplio margen de ficciones, a diversas capas de la población.
Los jueces que se buscan con palo de romero acreditarán la inocencia de multilaterales, transnacionales y funcionarios; a la par asignarán culpas convenientes. La política judicializada en hibernación yace a la sombra de archivos y burós judiciales.
Un avance jurídico sin política nacional no es posible.
En la disputa actual, convicciones de ocasión se han sintetizado en axiomas de analistas independientes: «se gobierna desde Panamá», enfatizan.
No, desde Washington.
Bastaría preguntar ¿dónde se operan dólares, política económica, energética, inversiones, endeudamiento, reformas, control de instituciones, información y evaluación internacional?
La desregulación del Estado minimizado requiere jueces emancipados de la política nacional; también empresarios, gremios, fuerzas armadas, ideas e intereses independientes de la nación y el pueblo. Todo sin Patria.
Está presente la despolitización del Estado ecuatoriano convertido en otra moneda sin política nacional.