Durante los últimos cuatro meses, en Guayaquil, Quito y Cuenca, con objetivos y liderazgos distintos, se advertía ansiedad por la pérdida de la Corte 1997-2004. En sendas asambleas definieron ultimátums de jure a las “funciones de facto”, por la Constitución y el regreso al “estado de derecho”.
El espacio de la representación está dividido y sumergido en abundante moralina cuyo bajísimo perfil no se eleva hasta la política.
Las exigencias no evocan actores y significados del golpe de Estado de 1997. Sus consecuencias jurídicas, institucionales, económicas y políticas están “bajo tierra”, se dice. No obstante invaden todo el presente.
Se ha borrado el uso del descontento popular para el golpe de Estado en que se convirtió la protesta del 21 de enero de 2000 y que concluyó en continuación de la política vigente desde 1998.
La turbación colectiva fue premisa de la dolarización impuesta en oposición a la Constitución. De esta manera, también se aceleró la pérdida de política del Estado.
Desaparecían los vestigios de la Asamblea “Constitucional”, antesala de la estafa bancaria, donde se distorsionó y suplantó dolosamente disposiciones con el fin de “legitimar” la piramidación en la banca.
Nunca se trató la responsabilidad política en el desfalco bancario de 1999. Se diluyó para restablecer el poder bancario. Sin embargo, éste quedó fisurado.
Con tanta moral, no hay un rincón para la política. La reforma financiera que se imponía murió antes de nacer en la lucha contra los “banqueros corruptos”. Así, el control bancario sobre instituciones estatales y medios de comunicación se mantuvo intacto.
Las rabietas casi-éticas han insensibilizado a un sector social ante el vaciamiento conceptual del interés nacional.
Jamás se transparentó la que se denominó “firma de la paz”, enorme derrota histórica de Ecuador.
Mientras la anticorrupción moraliniza a todas las generaciones, la base militar extranjera instalada al margen de la Constitución, las leyes y la voluntad social, ya no tiene fecha de vencimiento. Ahora, utiliza todo el territorio nacional para combatir el mal en la región.
Ante la ausencia de política nacional, ¿qué restricciones, atribuciones y temores alienaron a la CSJ 1997-2004?
En ese ámbito de resquebrajamiento histórico, se designó a la Corte del 8 de diciembre de 2004 que crispó las relaciones entre el bien y el mal y puso en escena hilos y títeres impostores de democracia y ciudadanía.
El prejuicio de la despolitización se ha impuesto.
Bastaría una mirada al mundo y la historia para saber que a los jueces los nombra la política y que ninguna Corte se caracteriza por ser despolitizada sino por su vínculo con el derecho o por carencia de él. En nuestro caso, un requisito esencial sería que los potenciales magistrados no sean o hayan sido abogados ni socios de aparatos financieros nacionales o extranjeros.
La amnesia histórica, el desastre social y la desmesura del poder desinfectan y vacunan a todas las generaciones contra el mal de la política. La sociedad despolitizada protege la despolitización del Estado.