Paulatinamente, el país va dejando atrás tensiones del derrocamiento del régimen de Lucio Gutiérrez. A la par, rememora obsesivas consignas movilizadoras y se sumerge en mutaciones paralizantes.
No obstante, a partir del 20 de abril, con el emergente gobierno que preside Alfredo Palacio, una temática sorprendente pretende ser política nacional. Temática que alteraría la solitaria y vacía discusión jurídica caracterizada por un formalismo sin contenido.
La necesidad de esa reivindicación se concentra en parciales posiciones expuestas por voceros gubernamentales.
Se declaró que la defensa de la soberanía constituye guía del quehacer gubernamental, que se contará con la voluntad ciudadana para definir la temporalidad de la base de Manta (el convenio será respetado). Se dijo sobre la desvinculación del Plan Colombia, el significado de las fumigaciones, la decisión final sobre el TLC. La política económica la dictará este gobierno y no el FMI; se innovará el FEIREP con el fin de distribuir esos recursos en proporciones orientadas al desarrollo, la política social, el avance cultural y tecnológico. Se prevé variar las relaciones del Estado con las multilaterales.
Por ahora, son utopías entre la ilusión y el silencio que podrían recorrer todo el territorio.
Los antiguos beneficiarios de la sumisión y actualmente el aparato financiero han hecho de cada cambio de administración del Estado lo que los muros en Quito denuncian con variantes durante mas de 160 años: último día del servilismo y primero de lo mismo.
Palabras del sentido común que enfrentan la dominación.
Reclamar política nacional en lugar de despolitización del Estado compete a toda la esfera de decisiones estatales. El derecho no podrá discutirse al margen de la política que reclama el interés nacional.
La sujeción al pasado aún está abrumadoramente presente en el Estado y la opinión pública, donde la moral y la aritmética dependen de la “mayoría buena”. Sin embargo, cierto aliento histórico se abre paso.
Se requiere valor y reconocimiento de todos los intereses nacionales para no rendirse y organizar un nuevo Estado y un sistema político superior. Así la memoria del gobierno tendría la duración que las banderas de la libertad poseen en la historia. Si opta por anclarse en lo mismo, su tiempo terminará siendo excedente e inútil.
Únicamente el interés nacional y regional puede dotar de base social al gobierno que preside Alfredo Palacio. No los ofertantes de inmovilidad, silencios, temores y cuidados.
El destino fecundo de este y cualquier gobierno radica en la resistencia a la pretensión de destruir el Estado, en la búsqueda de apoyo y solidaridad latinoamericana, en la riquísima voluntad democrática del pueblo estadounidense, en la renovada conciencia europea y en la contemplación de una experiencia de dolor compartido de Asia y África.
Hay mucho que ganar en el corto plazo y mucho que perder si la cuestión se reduce a cumplir el largo plazo que ofrece un derecho vaciado de historia.