Se ha iniciado el fin de lo que se creara en el período 1976-1979, cuando se instituyó el poder financiero en la conducción del Estado y se formaran la ID, la DP y el PSC reorganizado, bajo los servicios del Triunvirato Militar.
Ese poder abandonó al Presidente Gutiérrez cuando la crispada protesta colectiva amenazaba con romper el cauce. Entonces optó por lo previsto, transformarla en silenciosa recuperación de sus representantes tradicionales. Todo en nombre de la anticorrupción y el viejo Estado.
De ahí que en proclamas y discursos de las marchas iniciales se contenía la continuidad de la política que jamás fue cuestionada.
Pocos países han logrado con tanto éxito separar moral, estética y derecho de la política.
La protesta inmersa en una necesidad semejante a la que se formulara en Argentina luego del «corralito», «¡fuera todos!», confesaba cierta impotencia colectiva.
La diferencia con Ecuador radica en que Argentina conoce experiencias extremas aprehendidas por diversas y avanzadas tendencias políticas en medio de un control violento de la sociedad. Violencia derivada de la menor eficacia en la manipulación ideológica. Algunas de esas posturas se identificaban con la política que requería la moral que las masas exigían. En Ecuador, este no es el caso.
Durante los últimos 28 años se ha destruido el Estado y reducido la economía al dominio especulativo, causas de la ausencia de desarrollo productivo y aumento de la depredación de recursos naturales.
En 2005, el poder y sus representaciones enfrentan su obra: el fin de la soberanía, la ausencia de política nacional, la reproducción del subdesarrollo.
Aunque no ha surgido socialmente la política que unifique la energía de las masas y desplace a ese poder, la esperanza inmediata radica en la convocatoria a la Constituyente, no lo que se premeditó en la Asamblea del 98 que usurpada se denominó Constitucional.
La posibilidad de la Constituyente se reconoce incluso en declaraciones individuales del actual gobierno, aun cuando aparecen débiles y ajenas a la fuerza colectiva que reclama el cambio del sistema.
Al gobierno le corresponde crear el continente estratégico a partir de la situación social y nacional. Sintetizar demandas, propuestas y resultados de todas las presencias; formular el objetivo de la Constituyente ante la desinstitucionalización y su simulacro jurídico; consultar sobre el poder de la Asamblea, su integración, procedimientos de selección y nominación de candidaturas, ampliación de la libertad y atribuciones del elector; relativización de la presencia de los partidos.
La noción de las mesas de diálogo en los últimos gobiernos ha sido premisa de estabilidad de la inercia. Fue engañosa para ocultar la autorización de contratos gubernamentales nefastos y también para desconocer intereses nacionales. No debe repetirse en esos términos.
Si este gobierno es capaz de producir el hecho histórico que el pueblo y la nación reclaman, es su único y promisorio tiempo.
Ecuador demanda de esa estrategia, si no la continuidad del pasado es el atroz horizonte.