Cuando lo necesario resulta no viable en la práctica, surge la tragedia. La historia y la vida individual están repletas de estas circunstancias. Ecuador atraviesa uno de esos momentos.
La intención del Presidente Palacio de consultar al pueblo sobre su voluntad de convocar a elecciones de Asamblea Constituyente enfrentó la primera dificultad en el fallido estatuto enviado al TSE. Sirvió de coartada a los adversarios de la Asamblea para negar el propósito.
El TSE, a nombre propio y del monopolio político que hegemoniza las funciones del Estado, declaró inconstitucional la pretensión.
No advirtió que se invoca una Asamblea Constituyente porque el Estado ha sido enajenado, degradado y quebrantado en sus funciones.
¿Cómo podría apelarse al Congreso? Durante los últimos cinco años, los diputados han recordado mensualmente con sus remuneraciones la moneda que circula al margen de la Constitución. En ese lapso, el Congreso no se quejó de tal ruptura. Jamás entendió que al perder la moneda perdíamos la política, ni que estaba obligado a hacer reformas constitucionales y financieras.
Así, ese Congreso quedó al margen de la vida e inmerso en una constitucionalidad inexistente para desuso y abuso del derecho.
Una función del Estado, la Judicial, fue descompuesta por el mismo Congreso a partir del año 1997 y luego en 2004 y 2005. Este Congreso no asumió responsabilidad alguna por los golpes de Estado que constitucionalizó, menos aún por la demarcación territorial, la base de Manta o la inicialmente Constituyente del 98 transformada en Constitucional y luego de su edición, en muchos sentidos fraudulenta, usada para la piramidación, una de las causales de la estafa bancaria del 99.
De esta manera, los sectores políticos que hicieron posibles tales hazañas mantendrían en sus manos el destino de la descomposición estatal.
Ahora, el monopolio político gestiona que la propuesta del Ejecutivo se incline ante ese Congreso.
El gobierno debería tranzar con la historia, definir el límite jurídico que a él mismo lo constituye y poner en juego su propia existencia. Lo que sería mas fecundo que la estable, consensuada, modosa continuación de una inercia que fabrica virtudes de la impotencia social.
Además, el requerimiento de una Asamblea Constituyente nace del pueblo y la nación y no debe ser reducido a las tendencias que existen en su seno ni a estados de ánimo que degradan la protesta en montones de improperios o radicales apariencias.
La Asamblea Constituyente exige elevar la protesta a lo sustantivo y precisar el argumento, el interés, lo imprescindible históricamente para la nación y el pueblo. Ella podría tener conciencia y meditar sobre la pobreza, el éxodo, la descomposición y tristeza de millones de seres humanos que habitan nuestra tierra.
El anciano poder aún es capaz de someter el Estado.
Al pueblo le falta un trecho para que la Asamblea Constituyente sea irrevocable.