La aprobación de la consulta popular para el 15 de abril en el Congreso constituye una victoria del gobierno y también de la oposición. El triunfo del pueblo hubiese supuesto una ruptura. La aceptación de la convocatoria ha protegido transitoriamente al Congreso del juicio social.
La convocatoria a la consulta para Asamblea Constituyente ha incorporado un oscuro afluente, la “nueva oposición”. Hasta ahora la convocatoria no ha planteado un objetivo estratégico de la Asamblea por parte del gobierno y ni de su oposición. Se han precisado deseos e incluso mil reformas posibles que no modificarán la declinación estatal.
La Asamblea Constituyente es necesaria para independizar al Estado de una hegemonía hecha de multilaterales, banca, un sector de medios de comunicación y su variada representación. Organizar un Estado donde la independencia de funciones no suprima la co-administración y corresponsabilidad de todas ellas respecto de los recursos de la nación, reemplazar, en la práctica, la política económica colonial asumida de manera axiomática por una presunta valoración bursátil, eliminar la cultura de subordinación nacional.
¿Por qué es necesaria la Constituyente? Por el desgaste del poder especulativo que se constituyó a partir de 1976, por la descomposición del sistema estatal, partidario y político que creó la Constitución del 78 y que la perfeccionó en la Constitución del 98 para encubrir la estafa del 99, los “constitucionales” golpes de Estado y la enajenación absoluta del Estado.
Son más de treinta años de contención del proceso productivo, de pérdida irreversible de recursos, mutilación de la población, asesinato impune de la moneda, nociones ideológicas medievales y alienadas, verdades axiomáticas que conforman un círculo vicioso en la estrecha, enriquecida, anestesiada y minúscula representación del poder.
Ante estos resultados, surge la respuesta, la Asamblea Nacional Constituyente de plenos poderes. Que se la convoque haciendo uso máximo de la razón y mínimo de la fuerza.
La Asamblea ha de organizar una estructura estatal independiente de esos intereses conocidos y debe volver la mirada a la experiencia de varios Estados desarrollados, en particular de los europeos, para dotar a la nueva estructura de administración nacional de las funciones que reclama el Estado que se organiza y en el tiempo de la globalización que nos condiciona.