La Asamblea Nacional Constituyente deberá asumir el interés nacional como principio de política de Estado.
Enmarca un espacio donde las discusiones adquieren sentido nacional. Impone definir políticas que revelen y organicen la cualidad y condiciones de concreción de los intereses que determinan al Estado.
La política de descentralización y/o de autonomías regionales, de protección de hábitats de reproducción cultural interétnica tendrá como fundamento el principio de unidad del Estado, el territorio y el proceso de formación nacional.
El tratamiento de la división político-administrativa del territorio ecuatoriano se modificará en relación con los requerimientos nacionales, de seguridad, desarrollo, integración e incorporación de procesos técnicos.
Las funciones de las Fuerzas Armadas y la Policía, bajo las recientes tendencias mundiales, requieren reorientación de su pensamiento y la visión global del problema de las armas para salir de la penumbra que recrea la alienación de su particular ideología.
El tratamiento individual del delito político transnacional será responsabilidad de los conductores del Estado, no del simple arbitrio policial, en nombre de alguna institución internacional.
Políticas que aluden a cuestiones tales como la droga deben independizarse del sometimiento exclusivo a nociones de violencia. Los distintos eslabones de la droga conducen esencialmente a una enfermedad que no se resuelve sustancialmente por las armas. El fracaso de Al Capone en “su lucha” contra las destilerías lo demuestra.
Se ha de formular una política poblacional. En lo que atañe a la migración se respetará para los que se van y los que llegan derechos equivalentes. De manera semejante, a los derechos individuales en los Estados de la Unión Europea. La migración se tratará en los mismos términos de la libertad de movimiento que reclama el capital para sí.
La política de defensa del medio ambiente, ecosistemas, manglares y biodiversidad impondrá la protección y veda periódica e intermitente en el ámbito que circunda a esas zonas y ha de tipificar y sancionar su trasgresión. Se establecerá la prohibición de tala de árboles por períodos y zonas donde jamás se talará, aunque no sean bosques primarios.
La explotación de recursos no renovables tenderá a reducirse y estará bajo estricta vigilancia estatal, comunitaria y privada. La protección del agua dulce supone políticas medio ambientales que involucren al conjunto de la colectividad.
La política económica y la monetaria se resolverán siempre en las instancias de decisión institucional soberana del pueblo ecuatoriano.
La política social será responsabilidad principal del Estado y parcialmente de todas las empresas privadas. La ley establecerá patrones de medida de esas responsabilidades.
El nombramiento o designación de autoridades en diversas instancias del Estado corresponderá a las atribuciones de cada función. De manera particular, el Congreso Nacional ha de ser fuente del nombramiento de las mismas. La idea de despolitizar y despartidizar el Estado no solo que no es practicable sino que, cuando se lo pretende, se convierte en coartada de una inmoralidad.
La democracia que se reorganice será otro comienzo de su permanente ampliación y fecundidad.