El triunfo popular en la consulta del 15 de abril descompuso aún más la representación del poder.
La degradación es directamente proporcional a su proximidad con la tríada de multilaterales (hoy semi-ocultas), la banca y sus medios -sustitutos de moribundos partidos cuyas cúpulas se esfuerzan por aparecer independientes-.
Esos partidos e independientes ofrecen fáciles reivindicaciones, cadenas perpetuas para el mal y libertad para el bien. Los mismos, le imputaron al pueblo la creencia de que con la Asamblea podría alcanzar aquello que durante treinta años le habían negado: salarios dignos, educación, salud, identidad nacional, integridad familiar, elevación del espíritu nacional, profundización de la democracia, derechos individuales y colectivos más amplios, soberanía estatal, unidad y cohesión territorial de Ecuador.
Aquellos partidos apartaron la administración estatal de importantes espacios de su jurisdicción, no escamotearon ningún pedido extranjero de destrucción de instituciones nacionales. Optaron por formas sombrías de actuación. Son ejecutores del Estado ausente y han dado paso a la incorporación indiscriminada de fundaciones, ONGs, agrupaciones caritativas internacionales, humanistas de alto quehacer y restauradores lingüistas de pueblos vernáculos.
Ese conjunto trama una Asamblea mercantil y a la vez nutre la violencia en gestación.
El conflicto mayor se contiene en la ausencia de una política para la estrategia que requiere la tarea de la Asamblea y que vincula la necesidad de recuperar la soberanía, el carácter nacional e integracionista del Estado y la función productiva de aquello que conduce su quehacer. Su sentido es uno solo, separar al Estado de las finanzas especulativas. Lo cual es posible solo a partir de alianzas que conformen la fuerza inevitable para desplazar al poder especulativo.
Esto exige una reforma financiera que ubique definitivamente fuera de la conducción y usufructo estatal a multilaterales y bancos, y que modifique la relación de propiedad añeja y presente de esos monopolios financieros, existentes y en extinción, respecto de los medios de comunicación.
La Asamblea debe organizar una nueva forma de Estado, correspondiente con las demandas de su estrategia, bajo los requerimientos actuales de Ecuador y América Latina.
Es imprescindible no reeditar la inercia jurídica anclada en el presidencialismo que reparte la fuerza de la administración estatal. Se requiere de una estructura administrativa que prevea y organice las potencialidades e intereses de la Nación.
Para este cambio, está en disputa la Asamblea Nacional Constituyente.