A las condiciones en las que se inicia el proceso electoral 2002, se añade el pasado reciente. Momento en el cual el poder se resquebrajó y restableció para controlar la reacción social frente a la pérdida de soberanía del Estado y la estafa bancaria a la que fue sometida la nación.
En lugar de una explosión social se dio curso al éxodo como exportación rentable de esclavos. El empresario común fue sumergido en la inconciencia del coyuntural equilibrio que le aporta la dolarización. El poder importó una seudo ideología, la anticorrupción, que ocupa a medios de comunicación en cacerías de corruptos como solución al objetivo supremo: hacer que el poder sea tan transparente que se vuelva otra vez invisible.
Internacionalmente, la comunidad financiera, que tiene a su cargo nóveles funciones de estímulo y ambientación político-militar -vestidas de asistencia monetaria, financiera y crediticia, según la moda y circunstancia-, consolidó la alianza de poder que conduce al Estado ecuatoriano. El principio fue: impunidad a cambio de decisiones y protecciones de las partes en el manejo de conductas, atribuciones y recursos nacionales.
Se ha recuperado la vieja estructura de poder. Se refleja en las promocionadas pre-candidaturas, tres ex-presidentes, potenciales candidatos, eslabones de las últimas dos décadas de tragedia, se los exhibe como renovadores de un proceso que representaron y al que no han criticado.
Estas candidaturas son posibles porque la estructura de poder se mantiene intacta, oculta también en el proceso electoral.
El discurso contra la pobreza, lamentos por la salud, la educación, el desempleo o el éxodo, frentes anticorrupción son inútiles. Para que el gobierno pueda actuar en cualquiera de esas direcciones es imprescindible una postura frente a las relaciones de la banca, los medios de comunicación y el Estado.
El criterio rector de un proceso de transformación en Ecuador es liberar al Estado de la banca, suprimir las relaciones de propiedad de la banca respecto de los medios de comunicación, las relaciones de propiedad de los medios y sus accionistas respecto de los servicios públicos privatizados y, además, separar las acciones de la banca y, en general, de la empresa privada de los aparatos financieros estatales.
Una legislación de esta naturaleza aportaría el escenario de la libertad del empresario que lucha desde la productividad y la competitividad, sin recurrir delictivamente a la ventaja que le ofrece el manejo del aparato estatal. Crearía condiciones para actualizar las relaciones laborales, elevaría las relaciones interétnicas, afectadas por el racismo y la discriminación, y daría paso al crecimiento de nociones e ideas avanzadas.
De la realidad brota el imperativo de que el Estado sea liberado de la banca, como la Revolución Liberal lo separó de la Iglesia.
El viejo poder se descubre a sí mismo en este proceso electoral a través de experimentados representantes, algunos desconocidos, enviciados en las prerrogativas de la administración.
La depredación estatal es ejercida por la “alianza” que sepulta premeditadamente al Estado ecuatoriano.
Al presidente de Ecuador lo escoge esa “alianza” de poder que manipula y maneja al Estado: comunidad financiera mas triángulo de poder nacional (banca especulativa, algunos medios de comunicación y mecanismos de control estatal). El voto ciudadano es simplemente elemento de legitimación. Pero, no deja de amenazar el designio del poder.
La humanidad enfrenta una fase muy severa de dominación. Estos pueblos y naciones quieren decir su palabra sobre su continuidad en la historia y el cambio de relaciones que requieren.
En América Latina, los Estados necesitan ponerse de pie.