El 21 de mayo, León Febres Cordero denunció un «crimen de lesa Patria». Contiene una exigencia que rara vez se presenta en la evolución política de los Estados. No se imputa un crimen que se resuelva en tribunales penales. Es un encadenamiento de dominación que, asumido concientemente, solo tiene solución política.
Al margen de esto, la denuncia terminaría siendo una acusación mas del circo criminalístico: sospechosos procedimientos, prisas, olvidos legales y meteóricos enriquecimientos, causales que podrían presumir de alguna solución penal.
León Febres Cordero estableció no solo «la concurrencia de delitos» sino que liberó fundamentales deducciones por el amontonamiento de arbitrios presentes en presiones a gobiernos y técnicos protegidos y encubiertos por multilaterales, intermediados por gansteriles empresas, cuyo know-how aconseja en beneficio de «anónimos» acreedores contra intereses de naciones subdesarrolladas. Tal el caso de Salomon Smith Barney (SSB).
La dimensión de la denuncia de Febres Cordero involucra todo el período durante el cual la comunidad financiera maneja al Estado ecuatoriano. Y abre la posibilidad de «regresar a (revisar) todas las renegociaciones».
Si el Congreso Nacional y el espíritu de la trama administrativa y política en Ecuador tuviesen un ápice de libertad respecto del poder que subyuga a la sociedad, sería posible que esta denuncia se convierta en condición de cambio, semejante a lo que fue la denuncia de la Venta de la Bandera. Claro, entonces emergía una fuerza esperanzadora y un signo gigante de la Patria, Eloy Alfaro.
Las protecciones que posee la comunidad financiera, en la subjetividad que controla a la población y, en particular, a la crema política, se expresó de inmediato en el Congreso cuando casi invalida la denuncia por las «culpas» del denunciante o porque ahora la «justicia debe actuar», posiciones propias de la judicializada política ecuatoriana.
Incluso el discurso de Febres Cordero revela cierta inconciencia del significado político expuesto. La eficacia de su palabra como fiscalizador posee la energía seductora que convoca a grandes juicios, así atentaba contra lo trascendente de su discurso que iba mas allá «del más grande atraco financiero que se ha dado en la República». Exhibió una documentación que demuestra el quehacer mafioso, propio de la pericia y hábitos del FMI y sus súbditos.
La «estafa» no se circunscribe a los procedimientos ni a la comisión negociadora de Ecuador, cuenta con la complicidad de SSB, la rapidísima aprobación del FMI y el asilo previsible que en sus organismos encuentran técnicos encausados por defraudaciones y esas prácticas.
El discurso de Febres Cordero aún resuena en lucubraciones sobre «las pruebas que están a la vista», el «contubernio con los tenedores», la complicidad de diversas instituciones del Estado, la degradación de sus administradores y la ausencia del interés nacional.
La verdadera dimensión del señalamiento -incluso a pesar de su autor- exige no reducir ni limitar la acción «a la justicia», pues sería enterrar el significado esencial de la denuncia en los tribunales, sepultar la posibilidad de conciencia nacional sobre la dominación que reengendra el subdesarrollo.
Febres Cordero hace la denuncia en un momento en el cual está sobre su partido y al margen de su condición de líder de las derechas. Presta su voz a un interés de la nación. Esta voz es la que debe interesar al país, pues contribuye a concretar una respuesta nacional a la destrucción institucional, moral y económica.
Si la superioridad política escapa de la trampa de la anticorrupción podría dar paso a la comprensión que la salida no es penal, aunque se ejerzan todos los juicios que se instauren.
Sería atroz y peligroso que los tribunales desplacen a la política, único espacio para la justicia y la solución del significado de la denuncia que rebasa la momentánea comprensión de representantes políticos.
La respuesta es política y atañe a la reestructuración del Estado; en primer lugar, del Frente Económico y organismos de control. El Estado debe denunciar el carácter delincuencial de este proceder financiero que constituye y reconstituye la deuda externa, vínculo de la comunidad financiera integrado a la base de poder del Estado ecuatoriano. Cualquier reforma verdadera del Estado supone separarlo, desprivatizarlo, independizarlo de la banca. Llamar a los países que deciden en el FMI a que convoquen a una renegociación que suprima el latrocinio del endeudamiento externo.
La denuncia de León Febres Cordero sobre la renegociación y los renegociadores no cabe en los tribunales penales. Pertenece a la confrontación de la Nación con su mañana, a las batallas que contrarrestan la descomposición del Estado ecuatoriano, a la ruptura de subordinaciones a que está sometida la nación, la población y el Estado.
Ya no importa si posteriormente el autor de esta denuncia niega sus consecuencias.