La prisa de la política ha creado el hábito de analizar períodos fáciles, cien días, seis meses, un año de cada gobierno.
Estos períodos, semejantes a árboles, impiden ver la época que los contiene, el bosque que determina el destino, la circunstancia de sus criaturas, cada gobierno y sus peripecias, éxitos o fracasos.
El poder que surgió en el año 1976 ha hecho época. Ha contenido, favorecido o frustrado a todos los gobiernos, desde el triunvirato dirigido por el almirante Alfredo Poveda hasta el gobierno presidido por el coronel Lucio Gutiérrez.
Todos han sido evaluados con el método-escenario de días, meses y años, cuya conclusión fue siempre rica en pompas, denuncias, encuestas y moralina. Su inmediatez ha mostrado conflictos familiares y personales, actos de criminalística política, injusticias de la justicia, escasez o exceso de reformas, enriquecimientos por causas desconocidas, empobrecimientos por motivaciones innombrables, gastos excesivos o frugales, premeditadas tasas de crecimiento, ajustes para impedir su reducción, culpas del gobierno precedente, formidables legados para el sucesor. Todo en nombre de la defensa de los pobres, la política social y bajo la mirada testimonial de un mundo financiero repleto de saberes-no-responsables.
También han estado presentes retratos de la personalidad de cada mandatario, estudios sobre proximidades o distancias del líder respecto de la moda, el vestir, el pensar, la gobernabilidad, el decir, comer o beber.
Pero hay otra realidad. Tras la apariencia y pigmentos con los que se mimetiza esta época de 27 años se encuentra un único poder. Observaciones y análisis de cada régimen encubren, con abundantes cambios superficiales, la agonía de ese único poder que ha destrozado la potencialidad y soberanía del Estado, cuya huella es la ausencia de desarrollo de las fuerzas productivas, factor esencial de la persistencia del atraso. Todo esto, sin haber sido visto, a pesar de su excesiva presencia y proclamada democracia.
Este poder se articuló a partir de los excedentes que obtuvo el Estado con la exportación del petróleo. Se gestó en la imbricación de la banca con la comunidad financiera internacional, que absorbió relaciones de propiedad y encadenamientos económicos con grandes medios de comunicación encargados del producto mayor, la masiva, impotente y estéril subjetividad colectiva a su servicio, impostura del pueblo y la nación.
Los intereses de este poder se expresan como pecado original en cada administración. Para el 15 de enero de 2003 se había sentado las bases de la continuación de procedimientos, medidas y políticas que acepta el FMI. Podríamos decir que asimismo fue en el inicio de la mayoría de gobiernos, aunque hubo algunos que demoraron en pecar y otros que lo hicieron antes, durante y después.
La Carta de Intención cumplió invariablemente propósitos que rebasan en mucho las buenas intenciones. El sometimiento convertido en hábito deviene técnica suprema. Sus especialistas se diploman como funcionarios ineludibles. El texto, variante de un mismo tema, se exhibe como propuesta soberana de transformación. Documento de continuidad de la política económica que, durante 27 años, no ha contrarrestado la descomposición social, económica y estatal, cuyo antecedente principal radica en la caduca urdimbre del aparato especulativo que conduce al Estado ecuatoriano.
En los últimos años fue visible la presencia de funciones político-militares de la comunidad financiera internacional. Fenómeno que escapa a los especialistas en cartas de intención, pagos de deuda externa, ajustes, congelamientos de salarios y más “técnicas de modernización” y conversión de los presupuestos estatales en presupuestos de acreedores.
La política militar en la región se ha originado reiteradamente en factores que trascienden la vida nacional, interiorizados como suma de actos soberanos. En Ecuador ha sido especialmente visible en la delimitación fronteriza con Perú, la instalación de la base de Manta y sus atribuciones, el manejo de la estafa bancaria y la fuga del ahorro nacional a destinos desconocidos, las renegociaciones de la deuda externa; en particular, la que fuera denunciada por el ex presidente Febres Cordero, denuncia que al parecer va a disolverse en la ficción de los tribunales penales.
Entre los factores externos cabría señalar el paulatino involucramiento de Ecuador en el Plan Colombia, lo que no ha impedido señalar, desde sus inicios, que no vamos a participar en esa guerra civil, conflicto bélico que no puede reducirse a la droga, como tampoco se circunscribe el problema de las sustancias psicoactivas a la conflagración interna de Colombia ni a las armas, en particular.
La política militar en Ecuador, afectada o estimulada por estos hechos, no prevé la reducción de las Fuerzas Armadas ni de su presupuesto, como se supuso al firmar la paz en la frontera sur. Por el contrario se advierte una tendencia al crecimiento de esa institución, lo que no necesariamente equivale a su desarrollo.
Sin embargo, un factor aún debe y puede ser defendido por la nación y el Estado: el derecho soberano a conducir la política económica, social, internacional, militar de acuerdo al interés nacional.
El estado de la opinión pública ha ido dependiendo de manera creciente de empresas contratadas para el sondeo. Del toque final se encarga la publicidad. Unas y otras estrechamente ligadas a concepciones de la inmediatez que oscurecen la inapelable determinación del poder, génesis de trascendentes disposiciones gubernamentales. Así, cualquier decisión se reduce al arbitrio de mandatarios o funcionarios y el carácter invisible del poder se conserva.