1972 marca un hito en la historia de Ecuador, fue el inicio del desplazamiento de una estructura de poder por otra. El aparato agro exportador fue subordinado. El Estado disfrutó de alguna independencia gracias a los recursos del petróleo. El fugaz intermedio concluyó con el año 1975.
Luego llegaron las sombras hasta cubrir de tinieblas la nación y su destino. Un momento antes, en la transición 72-75 se organizó un sector económico estatal. Todo lo que hoy el Estado vende, concesiona, privatiza, dilapida, obsequia.
Entregado a nuevas relaciones de propiedad, este sector incluye el pasado, el provenir, la historia de Ecuador y su paulatina negación. La riqueza real del petróleo salió como tal de las fronteras e ingresó como contabilidad de la miseria.
El petróleo fue transformado en deuda externa. Acreedora, al mismo tiempo, de su exploración, explotación, transporte y exportación.
El sistema es simple. Los países petroleros atrasados deben entregar ese recurso no elaborado, crudo, a los desarrollados que poseen tecnología, capitales, armas y experiencia para transformarlo en productos acabados y papeles ilusionistas. Así, Ecuador está repleto de conjuros, pactos y cábalas.
Simultáneamente, el país se ha enredado en mecanismos de chantaje, desmoralización, mercadeo de voluntades, mandatarios de precios marcados, empresarios y técnicos dispuestos a convertir en oración mística los saberes de la mágica explotación. De cada petro-dólar, 90 centavos van a la empresa y 10, al Estado. Centavos de los cuales deben extraerse algunos para cumplir con la última extorsión que denominan recompra de la deuda. Se crearon espacios en la comunicación colectiva repletados de almas muertas para simular riqueza.
Los mecanismos de financiamiento y crédito impiden que el petróleo sea también recurso de liberación del Estado del aparato especulativo que lo subyuga. Todo es para el sector privado extranjero -afirma la sapiencia del postmodernismo- y para sus bufetes de profesionales y líderes encargados de la representación del poder, cuya teoría es que nada resulta mejor que repetir lo peor. El petróleo es para Ecuador solo riqueza imaginaria.
La discusión planteada respecto a las opciones de contratación cuestiona procedimientos contractuales precedentes, evidencia el control que las empresas han poseído sobre mandatarios y funcionarios utilizados en la succión de la riqueza natural y social de este país.
Instaura una farsa seudo-técnica pretender más estímulos para la inversión petrolera. Esta degradación es ilimitada. Se sabe que las petroleras están dispuestas a ir allí donde está el recurso con o sin esos “estímulos”, a pesar de las peores adversidades. Llegan con armas jurídicas o darwinianas.
De los países de Sud-América, Venezuela y Ecuador han sufrido la mayor presión depredadora por este recurso. Venezuela pretende escapar de la red; Ecuador fantasea.
Los convenios de Estado a Estado que podrían garantizar participación porcentual dos o tres veces mayor que la de los contratos tradicionales no se los plantea, no se los busca ni reconoce. La recurrencia a los mismos mecanismos y contrapartes de nombres mutantes no oculta el interés petrolero-financiero que desde hace tres décadas subyuga a la economía.
Es posible que el Estado gane el 40% real de la explotación de petróleo y que el 60% de las empresas incorpore su obligación de pagar IVA, impuesto a la renta, regalías y algo más. Sin embargo, en lugar de ello se ubica la inercia del 80-20 o del 90-10. A priori se promocionan inversiones sobrevaloradas, tal el caso del oleoducto de crudos pesados, o simulados porcentajes. Así se reducen los ingresos potenciales del Estado, el tiempo de existencia del petróleo y el porvenir del país.
No es difícil que se intente un monopolio potenciado de las empresas de la OCP Ltda. como nuevas triunfadoras en las sombrías rondas numeradas que el desastre petrolero impone. Está abierto el camino para traspasar incluso el control estratégico de las reservas. Así se reafirma la dependencia estatal de la especulativa comunidad financiera.
Esta política cuenta con los perjuicios, dogmas e intereses que la realizan. Al parecer, no terminará sino con la extinción del petróleo y probablemente también del Estado.