A Maquiavelo se le imputa “el fin justifica los medios”. Jamás nadie ha ubicado un sitio donde él hubiese escrito semejante afirmación.
La práctica del poder sí ha creado esa cultura. Juega con deseos vacuos que no son fines sino conductores no se sabe adónde. No obstante, los medios siempre definen el fin.
Ecuador atraviesa una curiosa disyuntiva, Asamblea Constituyente o Constitucional. La significación que les ofrece la vida rebasa la que señalan los libros.
La Constituyente fue planteada desde hace mas de quince años, 1989, con motivo de transformaciones que conforman la globalización y la destrucción del Estado ecuatoriano que se abismó después. La Constituyente invoca la soberanía para establecer sus competencias, reorganizar el sistema político, la forma de Estado.
Mientras que Constitucional es el nombre que se usó para constitucionalizar golpes de Estado, crisis financieras y hasta pequeñitas infamias universales, algo así como fue la AGD a la banca. Se sabe –algunos por coautores- que la soberanía del Estado fue enajenada. Se clama por la intervención de la OEA y sus múltiples significados.
La Asamblea Constitucional es una imitación sumisa a lo establecido.
Si el gobierno da paso a la supuesta corresponsabilidad con el Congreso en la convocatoria el virus de la derrota se habría inoculado a la Constituyente.
La conversión de la Constituyente en objetivo estratégico y el liderazgo, sin el monopolio político, pasarían a un momento posterior de reales convicciones dispuestas a apoyar ese objetivo, sin simulaciones ni promoción de medios que nieguen el fin.
Esta vez, las Asambleas Constituyente y Constitucional se definen por sus fuentes, no por Cabanellas. Esas palabras se han escapado del diccionario a procesos políticos dinámicos.
Las instancias que invocan una u otra Asamblea parten de sus intereses.
El Ejecutivo tendería a debilitarse si comparte la autoridad que ejerció en su convocatoria a la Constituyente, pues habría renunciado a una atribución necesaria.
El desconocimiento de esa atribución presidencial por el Congreso, traslucido por la impugnación del TSE y la petición de auxilio a la OEA son inadmisibles.
Los responsables de las funciones del Estado experimentan que en Ecuador no hay Estado de derecho; el pueblo no lo duda y lo dice.
Reproduciendo citas de una Constitución muerta no se restablece la legitimidad y juridicidad de un aparato administrativo.
Contra el ocaso amarillo del presente, una danza macabra celebra la llegada de la noche.