Reflejo de nociones dominantes es la legislación penal. Especialmente vinculada a la pasión por el lucro, esta vez, se encuentra en la pendiente del Estado y la organización social.
La distribución de impunidades y justicia penal atrae patológicas ideas de seguridad, supuestos caminos de cohesión social ante la violencia delictiva.
De ahí que las propuestas de tratamiento del delito se hayan distanciado de la economía y de otros factores sociales.
Ante el crecimiento de la delincuencia, se abunda en ‘la de abajo’. Mientras la criminalidad de la elite descarriada no se trata. Ella suma miles de veces mas que toda ‘la de abajo’, pone precios a la estabilidad o inestabilidad institucional. Depreda petróleo, finanzas, electricidad, telecomunicaciones, deuda externa, renegociaciones. Sus consecuencias lo demuestran.
La represión al delito tiene índices. Alguna vez, en Estados Unidos se exhibió la eficacia profesional del FBI. En sus acciones habían muerto menos del 20 por ciento del total de homicidios delictivos. En Ecuador, la suma de bajas que la represión ha producido probablemente compite con el número de los crímenes cometidos por la delincuencia, datos que podrían encontrarse en informaciones periódicas de la prensa.
La separación entre economía y derecho penal se expresa en privilegiados temores inmediatos revestidos de juridicidad sin financiamiento alguno. Creaciones, tales como la incondicionada prisión en firme, la supresión del 2×1, el endurecimiento de penas, el traspaso de la rehabilitación de condenados y de la administración de cárceles a la Corte Suprema son delirios defensivos frente a la imposibilidad de interactuar con otros pensamientos.
La esfera del miedo sumerge a las funciones estatales en una oscura distancia visual e intelectiva de lo que acecha al destino de la nación.
La pereza paraliza al Congreso Nacional envanecido y aletargado en el moralismo inútil, sin política ni autoridad, sin cuentas que rendir ni que pedir, manipulado por absurdos, omisiones y adormecimientos.
Bajo esta circunstancia, ante la paranoica reforma penal, el juicio crítico lo ejerce el encarcelado, el que consume la condena, el que lo perdió todo y sabe que solo el demonio vence al demonio. Los planteamientos son de los condenados, nueva ley de ejecución de penas, juez de esa ejecución, presupuesto para un sistema de rehabilitación y un año de rebaja por el hacinamiento sufrido.
El gobierno, el Congreso y la CSJ contemplan sin entender el infierno de sus cárceles. Sin embargo, saben que a los condenados aún les queda vida. Y dan un ultimátum.
Es casi obvio que no adviertan el hundimiento de la nación y el Estado. Consagrados a la anticorrupción y la lucha contra el delito resulta sorprendente que permanezcan de espaldas también ante estos objetos de su devoción, mientras el sistema judicial pertenece a los «libres de toda sospecha».
El sueño real de esta cúspide es liquidar al delincuente y se conjetura que la pena de muerte se ejerce en la sombra.
Los amotinados serán simplemente sometidos. Así se habrá expuesto la insuficiencia estatal y la esterilidad crónica de los círculos mas poderosos.
La legislación penal en su mejor momento tiene relación con el ascenso en la Historia y sus exigencias morales. Nada de esto existe en Ecuador. Ni el Ejecutivo ni el Congreso ni la función Judicial pueden imaginarlo. Sus soluciones son la arbitrariedad, el simulacro y la violencia.