El petróleo fue transformado en beneficios de empresas extranjeras y deuda externa.
En promedio, de cada dólar, 80 centavos van a las petroleras y 20, al Estado. Los veinte están preasignados al pago de deuda externa y, como no son suficientes, se toma recursos de otros ingresos.
El sistema es simple. Los países atrasados entregan el recurso crudo a los que poseen tecnología, capitales, armas y experiencia para transformarlo en productos acabados y papeles ilusionistas.
Los mecanismos de inversión, contratación, financiamiento y crédito impiden que el petróleo sea condición de desarrollo frente al aparato especulativo que lo subyuga. Todo debe pertenecer al sector privado extranjero –afirma la sapiencia del postmodernismo– que alaba sus bufetes de profesionales y líderes políticos encargados de esa representación, cuyas teorías perfeccionan el objetivo: nada mejor para una petrolera y los suyos que reeditar lo peor para el Estado y el país.
La discusión respecto de opciones de contratación cuestiona procedimientos contractuales precedentes, evidencia el control que las empresas ejercen sobre las decisiones.
Simultáneamente, se instaura una farsa seudo técnica, pretender más estímulos a la inversión petrolera, mejores condiciones de inversión, se dice. Así los contratos son siempre leoninos. Están protegidos por un Estado Mayor, la comunidad financiera y sus representantes que manejan este Estado Menor. Especulan con concesiones, licitaciones, autorizaciones, regímenes accionarios. En el gobierno siempre están sus siervos, lacayos y guardianes.
Las petroleras van adonde está el recurso, con o sin permiso, a pesar de las peores adversidades. Llegan con armas jurídicas, darwinianas o de las otras. Petróleo es sinónimo de violencia, sumisión y guerra.
De los países de Sudamérica, Venezuela y Ecuador han sufrido la mayor presión depredadora por este recurso. Venezuela está escapando de esa red; Ecuador se hunde en la redecilla.
Los acuerdos de Estado a Estado que podrían garantizar participación porcentual dos o tres veces mayor que la de los contratos tradicionales no se los plantea ni reconoce sino en simulación.
Los últimos convenios con el Estado brasileño encierran farsas y trampas. Como lo descubrió la Ministra Baki al reconocer que para su gobierno “Brasil no es prioridad” (El Universo, 26 de agosto de 2004). Se le asigna a Petrobras una porción de una reserva natural con el fin de levantar un cuestionamiento de orden ecológico. A esta sospecha se suman aspectos que el futuro inmediato aclarará.
La evasiva y ambigua respuesta que el gobierno ha dado al planteamiento del Procurador del Estado, José María Borja, quien ha defendido los intereses de la Nación y la legalidad en la actuación de las empresas, evidencia el sentido en el que se moverá el gobierno ante Occidental, empresa que desconoció cláusulas del convenio (tramposamente aprobado en el Congreso de 1994) de protección de inversiones, el contrato con el Estado ecuatoriano y diversas instancias de la legislación y administración del país.
La irreversible predestinación de nuestro petróleo a veces se reviste de alternativas. Pero como en el drama griego siempre se impone la tragedia. Vuelve a los mismos intereses y sus múltiples nombres.
En Ecuador, el petróleo es recurso vaciado de riqueza. La real salió de las fronteras y reingresó en la contabilidad de la miseria.
Al parecer, no terminará sino con la extinción del petróleo y se pretende que incluso del Estado.