El forcejeo alrededor de la Corte Suprema de Justicia es síntoma de la catastrófica destrucción del Estado ecuatoriano que ha perdido autocontrol, defensas, capacidad legislativa y política.
Una asfixiante atmósfera ideológica subyuga y encubre esta realidad. Su papel es oscurecer la usurpación y destrucción de recursos, así como enceguecer a la nación ante el poder.
Ahora se pretende reducir el problema de la CSJ a la búsqueda de jueces vitalicios en gremios de la sociedad civil, oasis de la no-política, según fantasea ese propósito. Se lo hace para olvidar que bajo las actuales condiciones marcadas por el Golpe de febrero del 97 la función política de la denominada Función Judicial tiene primacía sobre todo derecho.
Inocentes y culpables a priori han recibido el respectivo veredicto de la «opinión pública». Cualquier pronunciamiento judicial «ajustado a derecho» deberá ratificar esa voluntad o creencia. Este a priori califica incluso a una Corte. Basta su postura penal ante lo «único» (así se cree) que cautiva a la «opinión pública».
Obsesiones establecidas, estigmas o virtudes garantizan copar afanes, visiones, extravíos y sorderas colectivas.
El oficio de juez, la mas difícil tarea, siempre se cumplió en la dirección de la resultante hegemónica. Solo a veces, esa misión escapa del simulacro de la opinión predominante. La historia del Estado confirma esa dramática regularidad.
Persecuciones, cruzadas, nociones inquisitoriales, mentiras o verdades axiomáticas, todo ha puesto en evidencia que la justicia no cabe y ni siquiera se realiza solo al interior de formas jurídicas. Compete siempre a un juego mas amplio de control y necesidades en la organización social.
Su aparente reducción a la juridicidad corresponde generalmente a la realización de políticas funestas a las que da forma.
Un Estado sin política nacional se torna administración de alquiler para políticas encubiertas en reformas o novedades legales. A estos ámbitos pertenece la Ley Combo o Topo, preparada en bufetes de alguna multilateral que ya impuso antes numerosas leyes.
La «vuelta al estado de derecho» es farsa de contenido igual a la disputa que aún decurre. En Ecuador está en juego esa paupérrima juridicidad.
La función judicial que reclama la nación ha de ser expresión de un Estado que represente intereses nacionales. La actual confrontación está lejos de esa necesidad y sus requerimientos.
Sin embargo, aún hoy el escenario de mayor figuración y representación plural es el Congreso. Bajo una avanzada legislación, allí deben elegirse para períodos fijos los jueces de la CSJ. Otro colegio electoral sería solo otra farsa. La cooptación apolítica fue y es mentira, supuesta virtud de un Estado despojado de política nacional y de su historia.
Jueces vitalicios, apolíticos y sin partidos, enmarcados en un derecho vacío de intereses y de política nacional, conforman la imaginación fraudulenta de la justicia, subproducto de la despolitización del Estado.