El paro en Orellana y Sucumbíos constituye uno de los momentos cruciales y sintomático de la necesidad de transformación política.
El petro-dólar se ha distribuido en porcentajes que transitaron de 82 centavos para el Estado en 1974 a 14 en 2005. El deterioro ha sido continuo y se relaciona con un sistema de políticas financiera, crediticia, monetaria, ideológica, militar. Esta última no pudo ser domeñada entonces, porque Ecuador tenía intereses profundos respecto de su integridad territorial.
Ese sistema condujo a que el petróleo nunca existiera para el desarrollo, sino como ítem presupuestario preasignado al pago del endeudamiento. Trágica consecuencia de la política en enajenación. Se sumó la vinculación del aparato administrativo al sistema especulativo internacional que lo ha convertido paulatinamente en Estado ausente.
El paro pide la renegociación de contratos con las petroleras. Parecería una desmesura venida de dos débiles y pauperizadas provincias.
El paro ha denunciado ese sistema de control y extracción de recursos. Conjunto de políticas que desde el exterior se trata de manera unitaria. Mientras, en Ecuador se las minimiza para tratarlas de manera aislada y parcial, como si todo se redujese exclusivamente a la circunstancia y fantasías: saber si tras el paro están o no gutierristas, izquierdistas u otros demonios de ocasión. Así se desconoce el significado de 30 años de decadencia trágica del Estado.
Ecuador debería reaccionar como un sistema político soberano. Pero es obvio que el actual Estado no puede hacerlo. El aparato estatal yace en su terrible debilidad y reductora visión inmediatista, apariencial, al extremo que en nombre de la defensa del principio de autoridad, renuncia a tratar problemas en su esencia, para entregarlos a un cálculo de obras, apetitos y oportunidades.
Ante la destrucción de este Estado es indispensable la convocatoria a la Constituyente.
La concreción del Estado democrático necesario no puede ser definida por ninguna institución: Congreso, Ejecutivo, Fuerzas Armadas, Iglesia, prensa.
Debe y tiene que ser resuelta por la ciudadanía como representante del pueblo.
Es imprescindible una Constituyente de plenos poderes que organice un Estado capaz de tratar la política como sistema, como un conjunto de políticas que se imbrican. No a retazos, remiendos de visiones y temores.
La política del país respecto de sus recursos, su historia y destino le corresponde exclusivamente al pueblo ecuatoriano.
El conflicto en Orellana y Sucumbíos cuestiona una totalidad, el descompuesto sistema político. No se reduce al pavimento, orden, principio de autoridad, imperio de la ley. En Ecuador se ha quebrantado de manera permanente la Constitución que es la ley mayor, y aún más los derechos, substituidos por dictados de arbitrariedades.
La protesta en Sucumbíos y Orellana es un ensayo histórico en ese rincón de la patria. Ahí donde sale la mayor riqueza y a donde nada vuelve.
Protesta trascendente que podría estrenarse en todo Ecuador en otro momento y con otras consecuencias.