Dos aspiraciones a la provincialización, la Península y Santo Domingo de los Colorados, rehabilitan la reflexión sobre la cuestión político-administrativa del territorio ecuatoriano.
La provincialización impugna y anima la sobrevivencia del pasado, al hacerlo en nombre de la caduca estructura administrativa apenas da un paso hacia la fecundidad que se anhela.
Ecuador requiere una división político-administrativa horizontal, depositaria de atribuciones y deberes de funciones de un nuevo Estado. No obstante, no podrá alcanzarla bajo el signo de partidos desgastados al servicio de un aparato bancario, multilateral y mediático que convirtió a algunos de sus más destacados exponentes en exitosos empresarios e intermediarios de la enajenación del Estado.
La decadencia de esos partidos usados para impulsar el endeudamiento agresivo, gestado bajo la inconsciente dirección del Triunvirato que se instaló en 1976, se manifestó en la pérdida de visión de la magnitud administrativa que reclama un país.
Partidos que comenzaron con prédica nacional fueron reduciéndose a una región, a un cantón, mientras se consumían al andar, desinstitucionalizando al Estado. Hoy se proyectan y refugian en la declinación de las Fuerzas Vivas.
El Partido Social Cristiano que a partir de la fecha en que se restauró tuvo un líder que proclamó en una circunstancia “El Ecuador es mi partido”, se desmoronó en los requerimientos del poder.
Mientras la banca hacía de las suyas al margen de todo control, la libertad de especular consolidó la alianza multilateral en la arbitrariedad y abuso de unidades ejecutoras para financiamientos, políticas y usurpación de recursos que al fin han destruido al Estado. El desparpajo llegó al extremo de que la ruina de la institucionalidad ha sido legal, para colmo incluso jurídicamente prevista. Así, la legalidad ensombreció el crimen histórico.
También estuvo presente un sector de Izquierda Democrática y otro de la Democracia Cristiana que en quehaceres conjuntos, bajo una subordinada visión, tramaron la mayor tragedia nacional de la historia de la República.
Hoy, la sapiencia socialcristiana se expresa en frases, que una élite de patricios descifra muy bien, “Guayaquil está en el Ecuador” o “Guayas se quedaría sin salida al Pacífico”. Sintetizan no solo la ausencia de un pensamiento nacional, sino el límite que el pueblo ecuatoriano advierte en esas organizaciones políticas para representar los intereses de la Nación.
Ante el agotamiento de una forma de existencia de poder multilateral, bancario y mediático y frente a la descomposición de sus representantes, a los que se ha sumado la presencia de un fantasma que intoxica al PRIAN y a otros aparatos, surge la necesidad de reordenar el Estado y, en última instancia, de cambio del poder.
Los convocantes a consulta popular aún no han planteado el objetivo que organice la Asamblea Constituyente, hito de superación nacional y de un Estado que si no seguirá agonizando.
Emerge la necesidad de un sistema político nacional, no enajenado, necesidad que de no ser satisfecha podría jugarse el todo o nada por la madurez posible para la Nación ecuatoriana.
La proyección de las aspiraciones provinciales brota como un síntoma de la realidad que se suma al reclamo por una Constituyente de plenos poderes que cree una nueva cualidad en la conducción de los intereses de la Nación. Tema inexistente en la retórica de las Fuerzas Vivas, contaminadas de la impotencia de una declinación que no caracteriza a las masas cuya marcha tanto se teme.