Hace pocos días, la AEDEP publicó una proclama bajo la palabra citada. Los pronunciamientos de la prensa han encontrado generalmente cierto eco en el conjunto de la sociedad ecuatoriana. No obstante, esta vez no.
De entre los firmantes, un mínimo sector, vértice del poder en Ecuador, se siente tocado por cuestionamientos que antes eran ahogados inmediatamente y que ahora han adquirido más vitalidad.
Ese mismo sector advierte en este instante la destrucción “intolerable” de las instituciones. No cayó en cuenta que el desmoronamiento comenzó hace tres décadas cuando el FMI y el Banco Mundial impusieron el endeudamiento y formas de ejecución de proyectos con sus correspondientes Unidades Ejecutoras, presentes en todos los niveles de instituciones y funciones del Estado.
“Intolerable” son las rivalidades entre funciones del Estado, pugnas frecuentemente usadas como coartadas para ocultar lo que la mayoría de la población cuestiona.
“El Estado de derecho está en entredicho”, se dice. No se percataron de eso en la Constitución del 78 ni en la del 98, tampoco por la “legalidad” de crímenes financieros encubiertos en la sucretización y la dolarización. No consideraron intolerable la instalación de la base de Manta ni el desconocimiento de la derrota territorial oculta en la lacrimosa proclama de victoria que le atribuyeron a la delimitación fronteriza de octubre de 1998.
Todo ello contrasta con lo “intolerable” rematado por “el potencial fraccionamiento territorial” –serían ya 23 “fraccionamientos”- que se arguye como potencial escenario de “dramática desesperanza”.
Millares de casos intolerables no provocaron semejante publicación. Cabrían algunas interrogantes.
Por qué ciertos medios aparecen sobrepuestos a la sociedad. Cuán corresponsables son del quehacer del poder especulativo de estas tres décadas. Qué relaciones de propiedad los une, qué bancos cerrados o abiertos han tenido o mantienen relación con TVs, prensa y radio. Cuán intolerable resultó a esos pocos medios la impostura jurídica que sirvió vgr. para legalizar con la Transitoria 42 de la Constitución del 98 la estafa mayor a los depositantes, contribuyentes, al Estado y la Nación. Por qué esta vez se invoca otro mercadeo constitucional que intercambie violaciones para que nuevamente contemos con una virginal constitución, todo al amparo y por gracia de la concertación.
Pocos medios endiosados necesitan reconocer las consecuencias de su proceder vacío de autocrítica. Acríticos frente a todo lo que ha enajenado al Estado. Inmersos en la impunidad de sus relaciones. Encubiertos en la condición de lo anticorrupto.
Generan estigmas, prejuicios, supersticiones, fantasías, ilusiones. Convierten rumores en hechos ciertos y desconocen procesos esenciales imprevisibles, no por lo “dramático” sino por las sombras que cubren aún a reales fuerzas contendientes, donde en medio de dudas y grandes confusiones, los intereses de la nación reclaman cambiar la estructura del Estado y desde allí el poder.
En todo caso, no está en juego una democracia que apenas existe sino un poder declinante, cuya representación se ha degradado y no puede continuar transitando como antes.
Esta vez, el manifiesto de AEDEP es solo una fisura en el seno del poder.