El gobierno ha tomado la iniciativa. Se persigue con la consulta elevar la fuerza del derruido sistema político que ayer hizo del sector económico del Estado un elefante blanco y que hoy -con razones y sinrazones- lo pone en venta.
La consulta -reflexión parcial sobre la organización del Estado- se hace en medio de la elección de representantes. Ambas, consulta y elección, se superponen creando desconcierto. Se evidencian verdaderas dificultades de un sector del Poder para conducir la reforma del Estado. El conflicto no se reduce a si la consulta es constitucional o no.
¿El voto debe ser optativo u obligatorio? La cuestión alude a algo esencial. Cuando la distante participación de los electores es votar y apenas elucubrar sobre las elecciones, inmersos en una lastimera despolitización, el carácter optativo del voto condenaría al pueblo a la inopia política, gracias a una élite (económica) que espera gobernar per saecula saeculorum.
El voto obligatorio resulta importante, porque es el único y aislado escenario de masas en el cual es posible que madure la cultura política y la organización popular.
La pregunta sobre el Congreso -de una cámara o de dos- es vacía. La caducidad del Congreso radica en la falta de representatividad, en la obsolescencia de sus vínculos con las demás funciones del Estado y en la apolillada estructura interna que sepulta a sus diputados.
¿Los legisladores deben durar en sus funciones dos o cuatro años? Y ¿Las elecciones de legisladores deben ser en la primera vuelta o en la segunda? Hay una respuesta. Los legisladores deben elegirse en la primera vuelta electoral y durar cuatro años en sus funciones. Esto, para no suprimir la escasa representatividad de lo políticamente diverso que se alcanza en la primera vuelta y que se suprimiría en la segunda vuelta, en beneficio de la mayoría del Ejecutivo. Si la representatividad del Estado fuese mayor, cabría que se haga en la segundo vuelta.
La pregunta sobre la duración del Presidente del Congreso debería suprimírsela, por superficial.
Una interrogante que mezcla lo que es necesario separar, aprobar y manejar los fondos del presupuesto, debe reformularse. El Congreso ha de aprobar el presupuesto (que no en las cuatro paredes del ministerio de finanzas), pero los legisladores no deben manejar los fondos.
¿Debe haber reelección en toda función de elección popular? Sí. Sin embargo, la reelección solo puede ser fecunda en las condiciones que establezca el Congreso, por lo que bien podría estar demás esta pregunta por su indefinida generalidad.
¿Debe existir la posibilidad constitucional de la doble nacionalidad? Sí. Se trata de la política que pertenece a una estrategia nacional. Además, es un derecho humano: ser ciudadano del mundo, y un principio de defensa de intereses nacionales.
Ya no es hoy, sino que será mañana cuando se reconozca que era y es preciso deliberar acerca de la representatividad del Estado en todas sus instancias, desde los concejos cantonales, la función judicial, la electoral, los medios masivos de información, hasta el ejecutivo.
También tendrá que examinarse, por ejemplo: ¿neoliberalismo, sí o no? El pueblo conoce sus consecuencias y se pronunciaría sabiamente.
¿Privatizar Petroecuador? Pregunta histórica. No para técnicos ni negociantes, sino para aquellos que entienden que la historia es algo mas que divisas.
¿Cómo no pedir parecer al pueblo ecuatoriano sobre un moderno esquema de administración política del territorio que supere al de la Colonia que cree otro ánimo, otro escenario de relaciones regionales y polos de desarrollo?
Someter estos temas a comicios contribuirá a crear un ambiente idóneo para conducir el país en un proceso de progreso y transformación.
Hoy el obstáculo está en los reducidos intereses y la comprensión que guían la elaboración de las preguntas, en el arbitrario procedimiento de la consulta y su confusa intencionalidad.