Los resultados del pronunciamiento del 28 de agosto pueden tener diversas lecturas: una legal; otra de normatividad ética y una tercera, sobre la cualidad de las respuestas a la consulta.
De los votantes que debían concurrir, sufragaron positivamente alrededor del 40%. El resto -abstenciones, mas nulos y blancos-, el 60%, también argumenta. En consecuencia se puede afirmar que los contenidos de la consulta no fueron suficientes ni sus condiciones satisfactorias para la masa del electorado. Por lo tanto, la consulta no expresó (u ocultó) demandas esenciales.
En un primer momento, cuando el Presidente Durán-Ballén propuso una Asamblea Constitucional altamente representativa, a pesar de sus restringidos procedimientos, evidenció gran sensatez histórica. Los afanes de las circunstancias condujeron a que esa primera pregunta se redujese a un equívoco descomunal: la atribución del problema del Estado a la vagancia de los diputados. Así se degradó la primera pregunta y con ella, la consulta y su resultado.
Se evidenció el resquebrajamiento de la democracia en el Ecuador, la confusión de la ideología oficial, la ausencia de comprensión apropiada de los mecanismos de transformación que reclama el país, la minúscula base técnica para evaluar adecuada y rápidamente el pronunciamiento social.
Las preguntas importantes contenían de por sí respuestas dislocadas y no requerían de la consulta para ser reconocidas: el derecho de los independientes a ser elegidos, la doble nacionalidad y la reelección, factores necesarios bajo ciertas condiciones en la administración política contemporánea.
Legislan o piden una nueva Constitución no solo el legislador, el Presidente y la iniciativa popular, también -y en este caso, sobre todo- la historia.
Si los votos nulos, blancos y las abstenciones no se cuentan para constituir autoridades, respecto de la definición de cualidades y contenidos, cuentan -a pesar de la ley-. Y si entre estos suman mas del 60% es obvio que hay claro rechazo a la insuficiencia de esta consulta, aunque no a cada una de sus preguntas.
La lectura del resultado no debe sumirse en el estricto legalismo, porque decurre en el mundo un proceso social que rebasa cualquier Constitución.
Tras el reclamo de derechos políticos para los independientes subyace una impugnación quizás inconsciente al régimen político ecuatoriano, a la Ley de Partidos y Elecciones, incluso por parte de sus beneficiarios.
La exitosa palabreja «partidocracia» expresa mas un prejuicio que una comprensión, pues preside la función Ejecutiva un ciudadano que arriba a la Presidencia de la República desde un comité electoral -el PUR- que fue reconocido en dos semanas y no desde un partido real; la función Legislativa, un ciudadano miembro del PSC que tiene como virtud suprema ser el partido antipartido; la función Judicial, otro independiente.
El Estado y los partidos sufren de evidente desgaste. Han surgido otros intermediarios entre la sociedad y el Estado que deberán ajustar sus comprensiones a la nueva realidad histórica y a los profundos cambios que de ella emanan.
El sí a la doble nacionalidad refleja la búsqueda de mejores condiciones de existencia, de derechos laborales que supongan los de ciudadanía y protección estatal. Este potencial derecho se ejercería por acuerdos que protejan la lealtad a la soberanía, las leyes y la historia de las nacionalidades por las cuales se opta.
Vamos camino de la cultura de la pluralidad étnico-cultural e incluso de nacionalidades que conforman al pueblo ecuatoriano, porque son sujetos históricos nuevos los que deben estar representados en el Estado como antiguos integrantes de la nación.
Pero, por sobre eso, la reciente etapa humana en la cual estamos inmersos llama a organizar una nueva forma de Estado, ampliar la democracia, reconocer al elector mas libertad para elegir y optar por posiciones diversas.
Es democrático preguntar al pueblo, pero sobre responderle.