Hasta ahora ha permanecido fuera de la forma constitucional y legal, confundida con la actividad penal y sus particularidades, para así tratada atribuírsela a la política, que apenas admite responsabilidad propia, y de manera unidimensional e incipiente.
Cada vez que se imputa alguna culpa política se alecciona con criterio especialmente penalista, civilista o administrativo, pero no a partir de los contenidos que debe precisar, proteger o reparar la responsabilidad política. Desplegar en el Ecuador este concepto es factor de progreso. Sus recursos podrán interponerse por ciudadanos y organismos de diversas funciones estatales: los derechos del elector, la revocatoria del mandato que lo puede reclamar un conjunto de ciudadanos mediante firmas -a través de organismos competentes- o por simple disposición de la ley. La responsabilidad política amplía la democracia, reduce el espejismo electoral de las ofertas, eleva la voluntad y las exigencias del ciudadano en el movimiento social.
La política debe salir de los tribunales del crimen y ubicarse en lo mas avanzado de los vínculos sociales que organizan el Estado y su comunicación con la sociedad para dotarla de responsabilidad legal.
El Congreso ha destituido a muchos ministros a causa de la política, pero esta ha continuado siendo la misma. Es como si jamás se la hubiese impugnado, sino únicamente a la legitimidad de los actos del Secretario de Estado. Así, la virtud de todo ministro entrante es afirmar que seguirá los mismos pasos del censurado, cuando su descalificación es señal de impugnación no solo a la legitimidad de sus actos sino a la política gubernamental. La fiscalización debería garantizar que aquel objeto de impugnación sea discontinuado y se ejerza la política reclamada por el espectro social que se manifiesta en el Congreso. Dos funciones prácticamente co-legisladoras deberían ser co-gobernantes y, en este caso, el ministro depuesto debe ser substituido por otro nombrado por el propio Congreso.
La fiscalización tiene que significar, principalmente, transformación de la política, la sustitución de la estructura de relaciones, del sentido y ritmos políticos que representan los mandatarios en general.
La responsabilidad política debe expresarse en la elaboración, ejecución y control del presupuesto estatal, en la estructura y obligaciones de los informes de los jefes de función, no solo en su reporte del pasado, sino en la previsión conjunta, de la orientación (objetivos reales) en el ejercicio de la administración pública, modificable de acuerdo a las exigencias de la sociedad.
Cabría considerar también la atribución del jefe del Estado -bajo determinadas circunstancias y condiciones- para la disolución del Congreso y la convocatoria inmediata a nuevas elecciones.
Diferenciar la responsabilidad política de la penal, de la civil y la administrativa es constructivo para la conciencia social. Su confusión ha infectado y empeorado las relaciones sociales. Se considera que los problemas de la política tienen que resolverse en los juzgados del crimen y en la Contraloría General del Estado. Esta monstruosidad evidencia el atraso del sistema.
Esa especie de crimininalismo que ha usurpado la actividad política, paraliza la comprensión de las transformaciones que se demandan.
Las ofertas de campaña deberían ser evaluadas en su práctica. Los candidatos no podrán ofertar aquello que no puedan cumplir o cuando menos consagrársele todo el tiempo que ejerzan su representación.
Decir: «aquí tengo un montón de documentos» para llevar a alguien a la horca, es todo un éxito. La cuestión está en que desde el punto de vista penal esos documentos, por lo general, deberían ir directamente a un juzgado y no al protagonismo en los medios de comunicación.
La responsabilidad política debe significar la superación del ejercicio del mandato popular. Es fundamental decir basta a la criminalización de la vida social.