El discurso sobre el tamaño del estado y el apocamiento de sus funciones ocupa y embarga el quehacer discursivo de los países atrasados. En Ecuador, es el credo de un sector del Poder y liturgia de los beneficiarios de esa fe. La venta de los «bienes del Estado» enfrasca su quehacer. Se diría que estamos exclusivamente frente a formas de acumulación de capitales.
El discurso es semejante en todos los continentes y parecido al de los estados meridionales y del Este europeos. No obstante, no guía la práctica de la administración norteamericana ni europea. Está reservado a los centros académicos y a la política que el Norte desarrollado impulsa en algunas regiones del Sur y también a la política de organismos internacionales.
La relación entre devotos y patrocinadores de estos dogmas se evidencia en los vínculos del gobierno y el parlamento. Tras las obras que un diputado «logra» están, generalmente, las «gratitudes» de la conciencia, los pronunciamientos, las conquistas ante las amenazas de fiscalización, la aprobación -o desaprobación- de un artículo, la representación que ha de entregarse o no. No existe diáfana corresponsabilidad en la conducción estatal, sino vínculos subrepticiamente mercantiles.
Cuando un ministro afirma que le hubiese resultado mas fácil no hacer o hacer tal cosa, yerra o, simplemente, miente. Se impone ir mas allá de este simplismo administrativo. El gobierno se ejerce desde intereses que se articulan en la dirección del Estado. La arbitrariedad solo aparece (y como exterioridad) en el desconocimiento de algunos de esos intereses. Por esto, las acciones de un Estado respecto de los no representados y mayoritarios de la nación, se reputan discrecionales y antojadizas. Entonces, cabe la demagogia o la promesa caprichosa, contrapartida de la misma creencia en la naturaleza arbitraria del ejercicio del gobierno.
El estado no es solo una magnitud, es y -sobre todo- calidad cuya prueba de eficiencia radica en los procesos que impulsa, protege, controla e induce.
Los cambios relativos al tamaño del estado no operan de igual manera en todos los países. Las condiciones concretas de cada estado definen el ritmo, la magnitud y las particularidades de sus funciones.
Por ejemplo, el G-7+1 (grupo de los estados más desarrollados al que se añade Rusia) no confía tanto en el mercado -como pretenden que lo hagan los países subdesarrollados-. El grupo asume responsabilidad por el comercio G-7, la inversión técnico-científica G-7, el empleo G-7, la paridad de las monedas G-7, la regulación bursátil G-7, las balanzas G-7. Cada vez más invoca decisiones, participación e intervención de sus integrantes en los estímulos productivos y hasta en las condiciones finales del consumo. Estas acciones no substitutivas de la actividad privada ni de su iniciativa, constituyen fuentes reales del progreso de los individuos y sus organizaciones. Nada de eso es ajeno a esos estados G-7.
En los países atrasados, el estímulo a la iniciativa privada y a las empresas nacionales no puede provenir solamente del mercado. El estado es potencialmente el factor mas dinámico para estimular las inversiones avanzadas desde el punto de vista tecnológico y de las respuestas a los imperativos sociales.
Un minúsculo o adiposo estado subdesarrollado, en rigor, es solo una mayúscula tragedia, una extrema pobreza espiritual. Elevar la calidad del estado exige parcialmente su reducción, demanda la calificación de sus funciones y de la interacción a la que están sometidas y el cambio del viejo modelo presidencialista, escasamente representativo, por una administración parlamentario-presidencial, mas representativa y menos corrupta.
No necesitamos solo menos estado sino mejor estado, el menos (o el más, de por sí) solo son síntoma de un estado peor.