Nace para cubrir el golpe de Estado del 6 de febrero, que fue hecho con la piel del 5, con muchedumbres agigantadas y reivindicaciones genuinas. El miedo al recurso del enjuiciamiento político para la destitución del presidente Bucaram y la designación del Interino se refugiaron en uno de los usos dados a la protesta y que denominaron plebiscito práctico. Y termina siendo otra gesta judicial que se resume en el espíritu de la consulta: ¿cómo condenar a Abdalá y absolver el golpe?
Ella sirve para legitimar acciones en nombre (presumen) del «mandato» y para eludir fingidos acatamientos que entonces el Congreso hizo en nombre del mismo mandato: moratoria de la deuda externa, proclamación del estado multinacional, conservación de derechos adquiridos de trabajadores, postergación indefinida de las privatizaciones, convocación inmediata a Asamblea Constituyente. Así, la consulta asiste al desconocimiento de los «mandatos desactualizados» que no contribuyen al mantenimiento del poder adquirido.
La consulta es todavía la tercera vuelta que la Constitución no autoriza. El «triunfo» será de quienes perdieron en la primera y segunda «vuelta». Y será de varios, golpe tras golpe.
Bucaram ganó la primera con el 26% de los votos válidos del electorado de mayo del 96; si esta vez, mantuviese un porcentaje semejante, la lectura del escrutinio, a pesar del “triunfo del sí”, sería desastrosa para la «gesta» del 6 de febrero. De igual manera, lo sería para las privatizaciones, porque éstas deberían realizarse bajo la dirección de un gobierno que sea fruto de elección popular, no congresil ni de una seudo legitimación plebiscitaria. Menos aún si el sino del actual presidente es de naturaleza transitoria y de dudosa constitucionalidad, de acuerdo a sus temores sobre el significado del suceso que co-lideró.
La carencia de toda juridicidad del hecho no podía disimularse con el añadido de la palabra constitucional. La inconmensurable «maldad» del presidente depuesto no bastó para generar la credulidad que reclama la obnuvilante «bondad» del golpe.
La consulta pretendía superar la falta de autoridad y la ausencia de hegemonía clara en la base de poder del gobierno que aletarga o suspende iniciativas en todos los niveles y reedita movimientos regresivos. Sin embargo, la consulta hoy es premisa -de uso posible- para otro golpe. Y la razón será simple, el gobierno no puede sacar al país del marasmo político que generó la ruptura del estado constitucional.
Además, el Ejecutivo, sin corresponder a una estructura parlamentaria, resulta un remedo de esa forma de Estado y exhibe la ineficacia del presidencialismo. El conflicto se agrava en referencia a la misión del Congreso, no resuelta con una «purga» de parásitos influyentes. De ahí que la expiatoria «depuración» de diputados no supera los modos y andamiajes decadentes del Estado y sus funciones.
El miedo a la conciencia social aún se beneficia de un momento de imposibilidad de reflexión respecto de lo sucedido. Por esto es factible que la consulta propicie manejos de resultados, remedios resucitados para «el triunfo avasallador del sí».
Nada ha calificado con mayor estoicismo a este gobierno «de facto», que el temor manifiesto en la consulta. Ninguna dimensión del sí le otorgaría constitucionalidad.
El Estado actúa exorcizando las maldades de Bucaram que ya no requieren demostración (el estigma hace las veces de convicción colectiva). Bucaram es un reo del credo que embarga la conciencia social y es posible que sea mas preciso afirmar que la conciencia social está prisionera del estigma hecho de Bucaram. La consulta (la interrogante real) lo evidencia.