En los comienzos de la República, la administración del territorio fue centralizada para que exista la Patria. Esta palabra se habría pronunciado por primera vez durante la Revolución de las Alcabalas (1592-1593).
A ese grito se sumó el inconmensurable sacrificio de los pueblos indios durante la conquista, la Colonia e incluso en las guerras de la Independencia que produjeron «naciones» surgidas de consignas militares (apenas de procesos culturales), partieron y separaron a los pueblos vernáculos y sus culturas, desperdiciaron y desecharon su evolución y los abandonaron a la agonía impuesta por la civilización.
El centralismo jugó papel importante en esos orígenes. Los años han modificado a los actores. Y las circunstancias han cambiado desde aquel surgimiento.
El Estado ecuatoriano en su forma actual ha caducado. Al igual que su sistema de gobierno, regulación y mando sobre la nación, el territorio y fundamentales tendencias económicas, sociales, interétnicas, culturales y regionales.
Su reestructuración debe significar los valores que hacen salir del atraso al país hacia la globalización que no debe reducirse a una de sus comprensiones, el neoliberalismo.
La caducidad del ordenamiento de la jerarquía tradicional se expresa en reclamos abiertos u ocultos. Estas demandas reflejan ventajas particulares, locales o regionales. No son suficientes para exponer necesidades del movimiento nacional en su integridad, de las cuales no existe siquiera «inventario», menos aún acuerdo. Al margen de una transformación del Estado, como continente común, bastaría enumerar los requerimientos de cualquier actor para que se crispen estérilmente unos frente a otros.
Ecuador ha de cambiar todo el andamiaje del Estado presidencialista, construir uno parlamentario, ampliamente representativo y más eficiente. Recrear esta forma bajo nuestras condiciones. Así, no será forzosa una redivisión traumática de la administración política del territorio, o si resultase necesaria, no llegará al extremo del federalismo (huasipunguero) que supone quimeras legislativas.
Para trascendentes niveles jurisdiccionales habrá necesidad de una sistematización jurídica de los alcances de las autonomías.
Los pueblos indios fueron los primeros en plantear figuras de autonomía. El principio de territorialidad (distinto del de soberanía) en el manejo de sus respectivas jurisdicciones ecológicas, económicas y culturales, sin dudas, suena a himno ancestral, inaudible, de tiempos y naturaleza perdidos.
La diversidad étnica se consume, pueblos vernáculos desaparecen. Sus hondas raíces penetran un tiempo muerto para el pensamiento actual de Ecuador y se defienden con el fantasma de su pasado, oculto desde siempre ante la ceguera ideológica del poder.
Hoy, cuando el reclamo proviene de provincias y regiones, se vuelve a cuestionar funciones estatales. Es probable que las autonomías planteadas sean factor de renacimiento de la conciencia de la unidad de los ecuatorianos. Las autonomías no nos fraccionarán, permitirán el remozamiento de una cultura sobre la diversidad étnica, cultural, social y regional. Únicamente tres o cuatro provincias podrían vivir exclusivamente de los productos que se generan en su suelo. Las demás, 19 ó 18, incluidas Guayas y Pichincha, parcialmente requieren del excedente que se genera en esos tres o cuatro centros fundamentales.
Las resultantes del juego de intereses nacionales deben pronunciarse con libertad, en escenarios democráticos. De esta manera, Ecuador entrará a la modernización de su organización mayor y de sus funciones, elevará la talla de la representación política. Y, a la par, la voluntad ciudadana impulsará el requerimiento básico: modernizar la organización social de la economía.
La utilización política de las autonomías descubre lo restringido de las propuestas. Pero, aunque en lo inmediato, sólo aparezcan como recursos para atender circunstancias coyunturales, simbolizan a sectores sociales o regionales. Pese a las distorsiones propias del localismo, son síntomas de la necesidad de reestructurar el Estado. No constituyen, sin embargo, solución por sí mismas al margen del cambio del poder y del aparato administrativo.
Para alcanzar eficacia, las autonomías, la territorialidad, descentralización y competencia de los organismos de autoridad local tienen que ser resueltas en el conjunto de la reestructuración estatal, desde una visión mas trascendente.
La reforma debe ser promulgada por una Asamblea Constituyen libre, que no se limite a las autonomías y que de origen a otra juridicidad que proteja democráticamente las reales y contradictorias relaciones cohesionantes de Ecuador.
La forma de Estado y el carácter nacional de la administración deberán responden a principios de política económica que condicionen y principalicen el crecimiento productivo, subordinen la política monetaria, financiera, crediticia al desarrollo, establezcan atribuciones autónomas reivindicadas por pueblos indios, minorías étnicas, regiones y provincias. En el presente es socialmente necesario y técnicamente viable.
La funcionalidad de las autonomías, atribuciones y responsabilidades en organismos de potestad local y comunidades étnicas elevarán su sentido práctico para actualizar la administración.