Un día se censurará a la AGD, antifaz nuevo del anciano régimen, creada para impedir la debacle del poder especulativo.
El «sistema financiero ecuatoriano» se constituyó a partir de los excedentes petroleros del sector estatal de la economía. Mientras, la historia del capital financiero es resultado de imbricaciones de capitales bancarios e industriales, según Rudolf Hilferding (1877-1941), acá se engendró de espaldas a los procesos de la producción, lo que aceleró la decadencia de estos tiempos.
La devaluación fue un componente de la realización de esos intereses financieros, también el incremento de la deuda pública, asumido irresponsablemente y sin registro. Bastaría preguntar por los porcentajes de dichas «inversiones» improductivas y productivas para saber que todo fue sepultado en la amnesia que el poder cultiva en la colectividad y en sí mismo.
El régimen coronó la llamada política financiera, con la mayor concesión a la usura, la deuda externa. Auspició la centralización del crédito en oposición a la democratización que demanda el crecimiento y ampliación de la ocupación y la economía. El sistema estuvo (y está) destinado a satisfacer ofertas no-discutibles y leoninas de acreedores, para consolidar a su vez el control total de la banca subdesarrollada sobre su Estado.
La política económica en general y, de manera particular, la monetaria, financiera y crediticia no han favorecido el desarrollo. La economía se contrae trágicamente, fenómeno que denuncia por sí mismo y no admite los lugares comunes del usurero ni las versiones tecnicistas de sus discursos.
El sector especulativo de la banca quebró por la exportación del ahorro de la colectividad. Este hecho se ocultó en el atraso de la administración bancaria, la ineficiencia técnica y la mala política de inversión, cuyos índices están inmersos en un pantano parasitario.
En países con legislaciones avanzadas, donde la banca no determina directamente el quehacer de la política, la quiebra de un banco (persona jurídica que maneja dinero de otros) modifica la relación de propiedad, trasladándola de los accionistas a los depositantes.
En esas condiciones, los depositantes y acreedores, siempre que éstos no sean los mismos manipuladores de la especulación financiera, como sucede en el caso ecuatoriano, son quienes tienen acceso (o deben tenerlo) al patrimonio y a los réditos por la suma de los préstamos del banco.
Así, la quiebra supone la redistribución del patrimonio, no la emisión monetaria. Esta redistribución supondría que los activos del banco se negocien a precios de mercado. Lo que hubiese sido preferible al fraudulento pago a los depositantes, los desates inflacionarios graves, el paralizante encarecimiento del dinero, las bajísimas tasas de interés para los recursos congelados, la incertidumbre sobre el tiempo de congelamiento y las devoluciones nominales arbitrarias, que con tanta eficacia y prepotencia ha manejado la AGD.
Al contrario, al impedir la quiebra, la AGD demanda ‘emisión inorgánica’, devaluatoria, no protege a la población de dicha emisión, traslada la deuda del banco (con sus grandes acreedores) a la sociedad, reduce los valores reales de los depósitos, encubre los pagos en monedas devaluadas y usa las oscilaciones del tipo de cambio en la usurpación de los recursos de los depositantes.
La AGD sirvió para imponer la fabricación de dinero ficticio con el fin de arrebatar un alto porcentaje de valores del patrimonio de los depositantes.
La AGD encubrió la exportación del ahorro de los depositantes ecuatorianos, causa de la insolvencia bancaria. Ocultó la insolvencia de pocos bancos en una supuesta iliquidez, generalizada a todo el sistema, para proteger a los grupos determinantes del poder político en Ecuador. Esto, a pesar de la conciencia de sus actores, de su urbanidad tan aplaudida en los medios cortesanos, aunque no de su irreflexivo instinto depredador.
En un principio se quiso esconder la quiebra y, a la par, posponer la devaluación con el congelamiento de los depósitos, pero los intereses de los grandes acreedores de la banca (sus mayores accionistas) gestaron esas emisiones devaluatorias, coautoras de la mayor depresión y ahora de la mayor contracción de la economía en la historia republicana.
De esta manera, creció la desconfianza en los mandatarios estatales, en el sistema bancario y su mayor obra, la agonía del sucre.
El quehacer anticorrupto de la AGD no concluye ahí. Después de haber recurrido a «su mal administrador», el Estado, y estatizado el 70% de la banca, optó por «evitar la corrupción» contratando técnicos internacionales, a fin de privatizar la banca ya «saneada», liberada de la potencial propiedad de los depositantes y destinada nuevamente al círculo vicioso en el que se engendró.
La privatización cuenta con sus dogmas: el Estado está demás para bancos en funcionamiento, pero resulta imprescindible, magnífico para bancos especulativos en situación de insolvencia.
Ahora, los bancos se venderán a precios de banco quebrado. La venta contará con el aplauso de los prejuicios y de los «hacedores de la opinión pública», generalmente socios de la banca y la privatización.
Las medidas adoptadas el 23 de noviembre por el Banco Central, destinadas a reducir la masa de medios de pago en circulación y evitar transitoriamente emisiones fraudulentas, no suprimen la política devaluatoria, la ratifican. La emisión seguirá en la reprogramación del abusivo congelamiento.
La AGD ha cumplido su propósito, el patrimonio de los depositantes se estatizó, la deuda de la banca ha sido decargada a través de la inflación sobre la sociedad en su conjunto. La banca al fin ya no debe nada, le sobra dinero-sucres para devolver depósitos y pagar intereses. Únicamente resta la privatización. La AGD reconoció el 30 de noviembre, a través de uno de sus dirigentes, Jorge Guzmán: «nos declaramos incapaces de manejar los activos de la AGD». Momento dichoso que corresponde al evangelio del poder. Nadie preguntará por los organismos de control que «controlaron» a la banca, durante los últimos veinte años.
El pueblo quedará feliz, pues todo se lo hizo con préstamos internacionales, técnicos internacionales y anticorrupción internacional.
La banca «nuevamente» es el poder. La AGD podrá desaparecer y en el futuro se optará por otro recurso también «benéfico» para los depositantes.
La consigna ya es: «no al pesimismo, debemos volver a confiar».