En la confusión del 21 y 22 de enero del 2000 se mezclan utopías, ingenuidades, estratagemas, traiciones y la sucesión en la representación política. Un relámpago partió las certezas.
Agonizan y germinan voluntades que se expresaron en la esperanza o el temor ante el «levantamiento indígena» y la real o presunta insurrección de un grupo de militares dispuestos a terminar con un poder nefasto, que todavía conserva la fuerza y el control del sistema.
Esta vez fracasaron. La inmadurez de sus formulaciones, organización y experiencia impidió un triunfo que exige la consolidación de fuerzas y alianzas necesarias. La victoria pasa por la derrota y sus comprensiones.
La imagen de un pueblo unido a las fuerzas armadas suspendió el bullicio del poder y el silencio habitual de las masas, estremeció al sector que usufructúa del Estado y la población.
No obstante, nociones ideológicas convenientes tejieron un velo a la realidad. Los hacedores ocultos de todos los golpes de Estado pusieron en marcha su constitucionalismo.
El tiempo y los intereses hacen y deshacen el derecho. Esta vez, el presidente Mahuad fue el derrocado. Lo hicieron, pero se aterrorizaron con algunos movimientos y voces que utilizaron. Por primera vez se habló en quechua desde la «Junta de Salvación». Las élites espantadas volvieron los ojos hacia la constitucionalidad y dieron paso a la sucesión contra la que se habían pronunciado pocos días antes. El susto duró tres horas, la imaginación lo multiplicó, como sucediera en marzo de 1986, con la insurrección del general Frank Vargas Pazzos.
Ecuador soporta un constitucionalismo reducido a la voz del PSC. Recibimos diariamente lecciones socialcristianas en los mayores medios de comunicación. Tenemos social cristianismo matutino, vespertino y nocturno. Nos enseñan cómo su palabra, su voluntad y su conducta constituyen la constitucionalidad, las leyes, la anticorrupción, el bien y el saber.
Esta vez, durante un minuto, perdieron. Todo se estremeció. El viernes 21 por la noche, se desnudó la realidad. Un rayo de luz ingresó en la memoria y se regó en la tierra, la fórmula fue pueblo más fuerzas armadas.
Los entretenimientos parlamentarios sobre posturas jurídicas tienen menos importancia que la visión de los hechos. El derecho congresil tercermundista es la arbitrariedad que oculta las violaciones constitucionales. Así sucedió con las que cometiera Jamil Mahuad. De igual manera, la discusión acerca de si el Presidente abandonó o no el cargo conforma ardides a los que está acostumbrada la casta política.
Mahuad fue derrocado. El «abandono» es hipocresía que se advierte cuando la única impugnación a un presunto golpe de Estado quedaría subsanada con la devolución del cargo al presidente derrocado. Ello no puede darse, porque ese derrocamiento contó con el consentimiento de la mayoría en el escenario político, y con la desconfianza de más del 95% de la población, con la conspiración del comité que lo auspició y, podríamos añadir, con el deseo secreto de la comunidad financiera internacional (más inconfesables intereses de carácter geopolítico) que, a pesar de todas las adhesiones y visitas de sus representantes a Ecuador, no permitieron un solo préstamo de respiro que diera continuidad a su desechable criatura.
El presidente Gustavo Noboa ofrece una personalidad distinta, dispuesto a la superación de problemas que requerirán que la voluntad y fuerza del pueblo sean superiores a las de quienes controlan el Estado y manejan el aparato administrativo del poder.
A la validez de las reivindicaciones de los pueblos indios y negros debe sumarse avances en relaciones interétnicas que liquiden el racismo, la discriminación y la disposición al exterminio que existe en el seno de los súbditos de este poder. Una decadente comprensión de los problemas nacionales acompaña la degradación del Estado.
Es imprescindible generalizar la cultura inscrita en la declaración de los Derechos Humanos y en procesos económicos que permitan disminuir las inmensas brechas sociales. Esto se enfrenta fundamentalmente desde el Estado.
La historia se hace dentro y fuera del Derecho. Pretender reducir su comprensión a la sola juridicidad de los hechos es ocultar premeditadamente la realidad.
Los intereses que constituyen un poder real no se inscriben a priori en Constitución alguna ni su defensa se limita a esta normativa.