El Congreso Nacional resolvió no conocer la petición del Presidente de la CSJ encaminada a requerir un paso procesal para el enjuiciamiento al ex-Presidente Mahuad por miedo a la anulación de los juicios planteados contra el ex-Presidente Abdalá Bucaram.
Si el Congreso pretendía una aplicación diversa de la ley por parte de la función judicial, no bastaba emitir un simple criterio, sino la interpretación que le compete. El Congreso debió autorizar dicho enjuiciamiento y al haberse abstenido echó sombras sobre los hechos que debían dirimirse.
El país requería que el Congreso entable el juicio político a la administración Manuad, para conocer por qué Ecuador arribó a tan profundo desastre económico, jurídico, jurisdiccional, administrativo, internacional. De igual manera, debió haber procedido en 1997 frente al ex-Presidente Bucaram, a quien el Congreso tenía la obligación de enjuiciar políticamente, aunque sólo fuese para justificar su destitución.
El Congreso ha eludido una vez más su responsabilidad de asumir decisiones soberanas. Se ha entregado a las obligaciones que le impone la fuerza de la dominación y la irresponsabilidad de la condición del Estado subordinado.
Ecuador no podrá salir del atraso mediante persecuciones político-criminales. No se trata de que regrese Mahuad y vaya a la cárcel, sino de transformar el Estado para que administre soberanamente la nación. Desgraciadamente, han montado un circo judicial al mejor estilo de los tribunales penales, donde la crónica roja define a priori la culpa y la condena, o la sinrazón de las sospechas y la inocencia. Así, los hacedores de la opinión pública manejan los estados de ánimo dentro y fuera del graderío.
El miedo que guía al Congreso ha degradado sus funciones. Esto le sucedió con los «criterios vinculantes». Entonces no asumió la derrota y la responsabilidad de demarcar concientemente la frontera con Perú. Luego, se encubrió la instalación de la base de Manta y el irresponsable convenio que hace de Ecuador el único país de Sudamérica que acepta involucrarse en una guerra que no nos compete, en nombre de la causa antinarcótica, nueva ideología para poderes decadentes y fuerzas armadas del submundo latinoamericano.
En nombre de la incapacidad para administrar la moneda ecuatoriana, el Congreso renunció premeditadamente a la soberanía monetaria. Cuando podíamos organizar la convertibilidad y proteger la capacidad adquisitiva del sucre, para manejar dos tasas de interés y mejorar las condiciones de la circulación. Hoy, ya no tenemos por qué ser miembros del FMI, nuestra moneda, el sucre, está muerta. Estamos representados por la Reserva Federal en el FMI.
Quienes entregaron la soberanía monetaria para la experimentación con el dólar «tienen que soportar los rigores del experimento», afirman los nuevos representantes. El FMI insinuó que los grandes deudores ecuatorianos quieren ahora especular con la dolarización y no pagar tasas de interés que corresponden a los beneficios que obtuvieron en el pasado con créditos especulativos en sucres.
El sector privado mas tecnificado, la banca, estafó al país, usurpó el ahorro nacional y utilizó al Estado para transferir el costo de la crisis financiera y bancaria a la población. Bajo estas circunstancias, se duda también del significado de las privatizaciones.
El Congreso norteamericano discute y aprueba cada paso que Estados Unidos da sobre Colombia. En cambio, Ecuador que tiene frontera con Colombia, admitió una base, que la convierte en objetivo militar y el Congreso ecuatoriano ni siquiera discute el tema, mejor dicho, discute sobre cómo no discutir, cómo ocultar todo, cómo permanecer de espaldas a los conflictos mas trascendentes.
Ninguna tarea es mas importante para el Congreso y los partidos que lo integran que la reconstrucción de la soberanía nacional, para el desarrollo y la integración en el curso de la economía mundial.
Las tendencias y partidos políticos especializados en el remate de bienes estatales o en «alianzas» para aprobar leyes-productos del toma y daca, no tienen razón de existir.
El mercado congresil puede terminar convirtiéndose en el cementerio de la política ecuatoriana.